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La Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) pidió a los tres poderes ejecutivo, legislativo y judicial establecer políticas públicas, así como reformas que permitan e ndurecer las penas contra la trata laboral, a fin de erradicarla y proteger los derechos de quienes son explotados .
Isaías González Cuevas, secretario general de la central obrera, aseguró que es indispensable que en México se tomen medidas para evitar que hombres, mujeres y niños sigan siendo obligados a realizar desde trabajo sexual hasta labores domésticas sin remuneración.
A unos cuantos días de que se conmemore el Día Mundial contra la Trata de Personas, el también senador indicó que el sector obrero promoverá diversas propuestas en el Congreso de la Unión, para modificar la Ley General para prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y el Código Penal Federal.
“Ya no queremos que más mexicanos que trabajan en los campos agrícolas, el sector de la construcción, las fábricas textiles o en las viviendas, afronten esta esclavitud moderna”, señaló González Cuevas e indicó que la pobreza, la mano de obra barata, la migración, corrupción y la delincuencia organizada, son factores que facilitan el delito de la trata de personas en nuestro país.
El líder croquista reconoció que aun cuando no se dispone de cifras precisas sobre el número de víctimas de este tipo de abuso, se estima que aproximadamente 400 mil personas son víctimas de esta contravención que registra mayor incidencia en 22 de los 32 estados del país, entre ellos, Hidalgo, Coahuila, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Chiapas y Baja California Sur.
Indicó que en los centros laborales y educativos donde la CROC tiene representación a nivel nacional se han reforzado las acciones de prevención y sensibilización, para detectar la trata de personas y promover la denuncia.
El dirigente refirió que -de acuerdo a estudios de organizaciones no gubernamentales-, a nivel mundial 46 millones de personas son sometidas a algún tipo de esclavitud moderna y de ellos el 90 por ciento sufren explotación laboral.
Advirtió que si bien en nuestro país las autoridades de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STyPS) tienen limitaciones en la aplicación de las leyes cuando se trata de empresas que no están registradas, están obligadas a investigar los abusos e impunidad en el reclutamiento y contratación de las personas.
