Padres de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, desaparecidos en septiembre de 2014, informaron que el virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador les habló de poder tener asistencia técnica internacional en este caso.
Melitón Ortega, padre de uno de los jóvenes estudiantes, subrayó que “el presidente electo [López Obrador] nos dijo que estaría abierto a volver a tener asistencia técnica internacional e incluso a que retome el caso el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Llevamos 46 meses buscando a nuestros hijos, buscando justicia y verdad, y sólo nos han dicho mentiras, por eso le pedimos al nuevo gobierno que nos ayude a encontrar la verdad y reanude la investigación del GIEI, para poder dar con el paradero de nuestros hijos”, expresó a su vez Alfredo Galíndez, otro de los padres.
Plantearon reforzar la investigación con evidencias que, de acuerdo con el GIEI y el tribunal mexicano que lleva el caso, fueron manipuladas, además de retomar rutas de búsqueda que no han sido analizadas, así como mantener vigilancia externa con organismos como la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
A inicios de junio, un tribunal de Reynosa, Tamaulipas, ordenó crear la comisión de la verdad para el caso Ayotzinapa, pero hace una semana otro tribunal determinó que es imposible jurídicamente cumplir con la sentencia que ordenaba la creación de ese órgano.
Según la versión oficial, la noche del 26 de septiembre de 2014 policías arrestaron a los estudiantes de la escuela para maestros de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, y los entregaron a miembros del cártel Guerreros Unidos, que los asesinaron e incineraron en un basurero.
Los padres de las víctimas y organismos internacionales denunciaron irregularidades en las pesquisas y pidieron que se abran nuevas líneas de investigación, y expertos demostraron que era científicamente imposible la quema de 43 cuerpos en el vertedero de basura.
En conferencia de prensa en la que participaron familiares y abogados de éstos, señalaron que el actual gobierno ha presentado más de 100 recursos con la finalidad de impugnar la sentencia del tribunal de Reynosa.
“Estamos ante una estrategia inédita, en donde se ha movilizado a toda la administración pública federal, no para localizar a los estudiantes, sino para combatir una sentencia”, aseguró Mario Patrón, abogado de las víctimas.
Destacó que dependencias “directamente confrontadas con la investigación”, como las secretarías de la Defensa Nacional y la de Marina, así como la Policía Federal, también han interpuesto recursos.
“Lo que está por detrás es frenar una investigación a cielo abierto, sometida a controles externos y, sobre todo, frenar una investigación independiente e imparcial”, apuntó el representante legal.
Señaló que a menos de cinco meses de que termine la actual administración federal, “sin duda Ayotzinapa demostró el ADN de impunidad y corrupción” que existe en el país.
