Más Información
Sindicato de controladores aéreos alerta por malas condiciones en infraestructura y comunicaciones; denuncia además falta de pagos
Se estrella avión de Jeju Air en aeropuerto de Corea del Sur y reportan al menos 75 muertos; sigue aquí el minuto por minuto
VIDEO: Así fue el momento en que el avión de Jeju Air se estrella en Corea del Sur; iban 181 personas a bordo
Líder de MC en Michoacán pide investigar a Anavel Ávila, alcaldesa de Coalcomán; la edil agradeció a “El Mencho” y al CJNG por juguetes
“¡Arráncate, Coalcomán!”; así fue la campaña de Anavel Ávila, ligada al “Mencho”, con Movimiento Ciudadano
Sheinbaum anuncia construcción de Farmacias del Bienestar en 2025; asegura habrá medicamentos gratuitos para personas vulnerables
Varias frases que soltó la costarricense Elizabeth Odio Benito , jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos , conmocionaron hoy una audiencia contra el Estado mexicano en ese foro hemisférico sobre la acusación de once mexicanas presuntamente víctimas de violaciones sexuales , torturas y agresiones en operativos de agentes estatales de seguridad en 2006 en los municipios de San Salvador Atenco y Texcoco.
Al final de un cuestionamiento en el estrado a la mexicana Norma Aidé Jiménez Osorio, una de las once, la jueza—experimentada jurista que integró la Corte Penal Internacional, en La Haya, Holanda—trató de consolarla y, tras escuchar su testimonio estremecedor sobre la violencia generalizada que sufrió por el ataque de policías municipales, estatales y federales hace más de 11 años, le dijo: “Las mujeres nunca nos equivocamos cuando peleamos por nuestros derechos”.
Asimismo, después de un intercambio de preguntas y respuestas con la mexicana Claudia Hernández Martínez, otra de las once y como la segunda que compareció ante la Corte, la jueza Odio, ministra de Justicia de Costa Rica de 1978 a 1982, le comentó: “Usted es de las mujeres valientes”.
Entre otros elementos que aportó al debate, Jiménez narró atrocidades y torturas cometidas por los policías mexicanos en los disturbios en San Salvador Atenco. “Me manosearon” y metieron “sus manos en mi blusa”, recordó.
“La tortura sexual destruye vidas y destruye familias y comunidades enteras y a las sobrevivientes nos ha costado reconstruirnos solas”, recalcó.
“Estamos diciendo la verdad”, argumentó, al pedir justicia para que “estos hechos no vuelvan a ser repetidos” y se investigue la “cadena de mando” responsable de los ataques.
Por su parte, Hernández describió que al ser detenida en los acontecimientos de mayo de 2006 en esos municipios del estado de México, uno de los policías sugirió a otros efectivos en aquel momento que “hay que darle una calentadita” y que “a esta perra hay que hacerle un calzón chino”.
Los policías que, a la fuerza, le bajaron su pantalón y el calzón, se dieron cuenta que estaba con el ciclo menstrual, rememoró. Uno de los agentes, contó, pidió a sus compañeros: “¡Vamos a ensuciar más a esta perra”.
Los hombres “introdujeron” sus dedos de la mano “en mi vagina”, detalló.
En este panorama, y después de otro intercambio con la mexicana Bárbara Italia Méndez Moreno, otra de las once, la jueza Odio la despidió, al final del diálogo en el cierre de otro testimonio de dolor: “Gracias de nuevo por sus aportes”.
El Estado mexicano está acusado de “alegadas violaciones” a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.
Al informar sobre dos audiencias del caso, hoy y mañana, la Corte explicó que los ataques ocurrieron 3 y 4 de mayo de 2006 en “detenciones y traslados” en actos policiacos en esos municipios en “conflictos y protestas de floricultores y otros grupos”.
El grupo de once mexicanas acude a la sede de la Corte en Costa Rica a una histórica audiencia de dos días porte para ratificar la acusación contra el Estado mexicano, que en 2013 reconoció su responsabilidad en este caso.
Las presuntas víctimas son Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia Méndez Moreno, Ana María Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz Diosdada, Cristina Sánchez Hernández, Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo, Ángela Patricia Torres Linares y Romero.
La sentencia, que se espera para 2018 con medidas de reparación y demás reclamos de las denunciantes, será de obligatorio carácter vinculante para México.