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Un juez federal en Cancún, Quintana Roo, rechazó conocer del caso que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene contra el ex mandatario de dicha entidad, Roberto Borge Angulo , por lavado de dinero de más de 900 millones de pesos.
Luego de que en diciembre pasado el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, determinó que carece de competencia legal para continuar conociendo de la causa penal 381/2017 por la que Borge ya cumplió dos años en prisión, su homólogo en Quintana Roo rechazó hacerse cargo del caso.
Con esta decisión, el expediente de Borge será remitido nuevamente al Estado de México, y si el juez de Ciudad Nezahualcóyotl insiste en ser incompetente, un Tribunal Colegiado deberá resolver quién de los dos debe llevar el caso.
Esto, podría retrasar hasta un mes más la posibilidad de que la FGR formalice su acusación contra el ex mandatario de Quintana Roo, quien además ha ganado tiempo para que un tribunal Colegiado en el Estado de México resuelva si su proceso federal deberá reiniciarse por violaciones procedimentales.
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Desde noviembre pasado, la FGR solicitó una audiencia ante el juez del Estado de México para formalizar su acusación contra Borge, pero no tuvo éxito porque en la diligencia el juez declaró que no es competente para continuar conociendo del asunto.
Este es el único caso federal contra el ex mandatario estatal, quien es señalado por supuestamente idear y ejecutar un plan para adquirir y enajenar predios mediante el desvío de 900 millones 99 mil 418.17 pesos de recursos de Quintana Roo.
Desde el seis de enero de 2018, Borge fue vinculado a proceso por operaciones con recursos de procedencia ilícita , decisión que surgió luego de una audiencia de 16 horas a la que compareció extraditado desde Panamá.
Según la carpeta de investigación, Borge Angulo , a través de amigos, familiares y otros ex funcionarios estatales de su confianza, enajenó a precios inferiores 22 predios que formaban parte de la reserva natural de Quintana Roo a través del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública local para beneficiar a prestanombres y empresas fantasmas del propio ex gobernador.
Desde entonces, permanece sujeto a prisión preventiva justificada porque el juez consideró que representa riesgo de fuga y ordenó recluirlo en el Centro Federal de Readaptación Psicosocial (Ceferepsi) de Morelos debido a que su defensa argumentó que padece problemas renales y requiere atención médica continua.
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A pesar de que el juez del Estado de México ordenó enviar el expediente de Borge a Cancún, Quintana Roo, el ex mandatario estatal no ha sido removido del Ceferepsi donde se encuentra.
Luego de seis meses de ser vinculado a proceso, su defensa solicitó diversas prórrogas para el término de investigación complementaria con las que han alargado el procedimiento.
En tanto, Borge consiguió un amparo otorgado por el Juez Sexto de Distrito en el Estado de México que ordenó reponer su procedimiento y volver a analizar los datos de prueba presentados por la FGR para determinar si lo vinculan o no a proceso.
La sentencia fue impugnada y desde diciembre de 2018 el Segundo Tribunal Colegiado con sede en Ciudad Nezahualcóyotl, mantiene pendiente el dictado de la sentencia en la que se definirá si confirma, revoca o modifica el amparo concedido.
Luego de su detención, la Fiscalía General de Quintana Roo abrió tres carpetas de investigación en su contra por peculado , aprovechamiento ilícito de poder y desempeño irregular de la función pública, delitos por los que ya fue vinculado a proceso por jueces de dicha entidad.
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