Más Información
Javier Jiménez Espriú, quien fuera titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) hasta el pasado jueves, alertó de que la Cuarta Transformación buscaba militarizar los puertos del país entregando el control de esta tarea civil a la Marina.
En una comparecencia en la Cámara de Diputados el pasado 30 de octubre, en el marco del debate de una iniciativa de los diputados de Morena para desaparecer a la Marina Mercante y que la Armada de México se hiciera cargo de los puertos, Jiménez Espriú dijo que su dependencia nunca fue consultada sobre esta reforma y manifestó su rechazo a este proyecto.
Además, aseguró que en la Organización Marítima Internacional hay 177 países y que sólo 11 tienen control militar en sus puertos, entre ellos Corea del Sur y Chile.
“Nunca la SCT fue consultada al respecto. No estamos de acuerdo, de ninguna manera, en lo que se plantea de llevar a la militarización una actividad que es eminentemente civil”, aseguró Jiménez Espriú.
Incluso, de acuerdo con diversas fuentes, el ahora exsecretario federal amagó con renunciar a su cargo desde diciembre pasado, si se aprobaba este dictamen, el cual finalmente fue frenado y se congeló en la Comisión de Gobernación.
En el dictamen, que se presentó el 12 de noviembre pasado, también se incorporó el contenido de un par de oficios fechados el 4 y 5 de noviembre, en los que la SCT emitió sus opiniones sobre las iniciativas de los legisladores de Morena y donde se describe: “Encomendar a la Semar la supervisión y administración de actividades estrictamente comerciales desvirtúa la naturaleza que las rige y contraviene el espíritu antimilitarista del Estado mexicano”.
Se agrega que la formación militar no es compatible con la operación de los negocios, toda vez que en la actualidad la operación de las Capitanías de Puerto está sujeta a instrucciones castrenses.
“El que la Semar cuente con atribuciones que por su naturaleza no le corresponden implica una afectación al régimen democrático de nuestro país y un retroceso en la actividad marítima que por su esencia corresponde al ámbito civil y comercial”, define el documento.
Subraya que únicamente la dependencia encargada de la política de transporte debe tener en sus atribuciones las actividades de la industria marítima, inherentes al comercio de este sector.
“Existe una Autoridad Marítima Nacional (Semar) y una Autoridad Marítima Mercante (SCT), lo que impacta en la seguridad jurídica del usuario, ya que la delimitación de una y otra competencia en materia de seguridad marítima y protección portuaria, respectivamente, no resulta tan clara para la generalidad de los usuarios y existe una demora en la toma de decisiones por parte de la autoridad”, define el documento realizado por la SCT.
“No se ajusta al modelo de nación de la presente administración pública federal”, agrega.
Concluye que la referida iniciativa no debía ser aprobada, señalando como procedente la presentada por la diputada Juana Carrillo, pues responde a una nueva visión del papel del sector marítimo portuario como motor del desarrollo, que hoy en día debe adaptarse a las nuevas realidades del comercio internacional.
La SCT sustentó su conclusión en diversas consideraciones, entre las que destacan las siguientes:
“Es necesario que sea nuevamente la SCT la que ejerza la autoridad marítima civil y que atienda esa obligación del Estado.
“Es ineludible que la regulación de la actividad marítima recaiga sobre la dependencia que tiene a su cargo los medios de transporte y las comunicaciones, ya que para la ejecución de la actual administración es indispensable llevar a cabo un reordenamiento e impulsar la Cuarta Transformación en los puertos bajo un proyecto integral.
“Las Capitanías de Puerto merecen ser reivindicadas y la comunidad marítima portuaria respalda plenamente esa premisa indispensable para la marina mercante”.
Renuncia
Esta iniciativa de los diputados de Morena generó polémica el año pasado y también se conoció el amago de Jiménez Espriú de dimitir, por lo que el propio coordinador de los diputados de los morenistas, Mario Delgado, frenó su aprobación y ni siquiera avanzó en la Comisión de Gobernación y menos en el pleno de la Cámara Baja.
“Desde diciembre, @SEMAR_mx cabildeaba directamente en pasillos de @Mx_Diputados la aprobación de la iniciativa, en la que buscaba más poder económico y despliegue militar. Es lamentable que por la vía de los hechos y al margen de la ley, lo consigan”, escribió en Twitter la diputada de MC Martha Tagle.
Este jueves, por la diferencia de opiniones sobre quién debe controlar los puertos del país, el presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó la renuncia de Javier Jiménez Espriú como titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y en su lugar nombró a Jorge Arganis Díaz Leal como nuevo responsable de la dependencia.
En su carta de renuncia, Jiménez Espriú manifestó: “El motivo [de la dimisión a la SCT], que he expresado personalmente, es mi diferendo por su decisión de política pública de trasladar al ámbito militar de la Secretaría de Marina [Semar] las funciones eminentemente civiles de los puertos y de la Marina Mercante, que han estado a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes desde 1970”.
