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El titular de la Unidad Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto , informó que ya presentó tres denuncias contra la ex titular de Desarrollo Social, Rosario Robles y quien fuera su oficial mayor, Emilio Zebadúa , por el desvío de recursos públicos a empresas fantasma conocida como la Estafa Maestra.
“Hemos ya presentado tres denuncias con la Estafa Maestra, particularmente contra la señora Rosario Robles y el señor Zebadúa por el desvío de recursos públicos a empresas fantasma y es uno de los temas que también se están planteando aquí, la necesidad de mejorar el sistema para atacar las empresas fantasma que ha sido el mecanismo de desvío de recursos en la pasada administración”, explicó el funcionario federal.
En entrevista al acudir a una reunión con la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, Santiago Nieto reveló que en lo que va de la administración de Andrés Manuel López Obrador ha habido 130 acuerdos de bloqueo de cuentas y se han presentado 117 denuncias ante la Fiscalía General de la República y se han dado 61 vistas a distintas autoridades administrativas.
Agregó que este bloqueo de 130 cuentas bancarias, asciende a un congelamiento de 5 mil millones de pesos y 50 millones de dólares por delitos como corrupción, narcotráfico y distintas modalidades de lavado de dinero y explicó que esta cifra es histórica y supera a lo bloqueado en la pasada administración.
“En lo que va de la presente administración se han congelado más de 5 mil millones de pesos en cuentas de personas físicas y morales, relacionadas o vinculadas con algún tema de corrupción, narcotráfico o cualquier modalidad de lavado de dinero, a esto hay que sumarle casi 50 millones de dólares”, detalló.
Informó que acudió a la Cámara de Diputados a solicitar más herramientas para que los recursos incautados no solo permanezca en los bancos, sino se puedan utilizar para programas sociales u otro tipo de inversión.
“Corresponden a 130 acuerdos de bloqueo de los cuales se han derivado, hasta este momento 117 denuncias ante la fiscalía General de la República y 61 vistas a distintas autoridades administrativas, los montos son de 5 mil millones y en este momento el dinero permanece en los bancos y lo que se busca con la reforma es que el dinero pueda ser utilizado por el Estado Mexicano para programas sociales o para cualquier otro tipo de decisión”, describió.
Detalló que existe un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que señala que si la investigación es de sede nacional y no internacional, los jueces de Distrito pueden dictar suspensiones provisionales, y liberar las cuentas.
“Nosotros pensamos que con la reforma que se ha propuesto y que se aprobó por la Cámara de Senadores, ahora en diputados, debemos librar la inconstitucionalidad señalada por la Corte y con eso fortalecer nuestro sistema financiero y evitar que este tipo de recursos no sigan utilizándose en el marco del estado de derecho”, determinó.
Detalló que lo que se busca es una adición al artículo 116 Bis de la Ley de Instituciones de Crédito, además en el Senado están discutiendo un paquete de reformas a la Ley de Prevención por lavado de dinero al Código Penal Federal, Código Nacional de Procedimientos Penales y a la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción para que la Unidad de Inteligencia financiera forme parte de este sistema.
“Estamos planteando una serie de reformas que permitan dar cumplimiento a los estándares internacionales del grupo de acción financiera internacional y que evidentemente tengamos mejores atribuciones a efecto de poder bloquear las cuentas e incorporar a la lista de personas bloqueadas a personas físicas y morales que hayan permitido una conducta delictiva bloqueando sus cuentas en el sistema financiero”, sentenció.
