Desde marzo, el juez Juan Pablo Gómez Fierro generó polémica por las suspensiones que concedió sobre las reformas eléctrica y en materia de telecomunicaciones impulsadas por el gobierno federal. El presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó iniciar una investigación en su contra.
Ayer, el titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones concedió la primera suspensión provisional a la reforma en materia de hidrocarburos.
La medida tiene efectos generales, pues el juez consideró que la reforma puede provocar que Petróleos Mexicanos y sus subsidiarias maximicen su poder en el sector, lo que contraviene los preceptos antimonopólicos establecidos en la Constitución.
En marzo concedió una suspensión contra la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica; fue para efectos generales, pues consideró que puede ocasionar que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) retome su papel monopólico.
El Titular del Ejecutivo federal solicitó iniciar una investigación en su contra al acusar que detrás de los amparos contra la reforma eléctrica existe un grupo empresarial con intereses contrarios a la Constitución.
El Presidente formalizó su petición a través de una carta enviada el 15 de marzo pasado al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar: “De manera respetuosa le solicito que el Consejo [de la Judicatura Federal, CJF] que usted preside determine e informe si le correspondía o no aplicar de manera oficiosa la suspensión a quienes lo solicitaron y si es de su competencia o no resolver sobre este caso”, escribió.
Ese mismo día, Zaldívar Lelo de Larrea respondió mediante una carta enviada a la Presidencia, que el CJF a su cargo revisará su petición para resolver si procede o no investigar al juez: “Como procede en estos casos, su queja será remitida al área correspondiente del CJF para que, de existir elementos para ello, se abra la investigación que en su caso procediera, con pleno respeto a la autonomía e independencia de la función jurisdiccional, así como a las garantías que la protegen”.
Las suspensiones provisionales que concedió contra la reforma eléctrica han sido ratificadas en suspensiones definitivas que el gobierno federal impugnó.
En abril pasado, Gómez Fierro concedió diversas suspensiones contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut), al considerar que la entrega de datos biométricos al gobierno puede ser violatoria de derechos humanos y es desproporcional al objetivo que buscan las autoridades de prevenir actos delictivos.
A diferencia de la reforma eléctrica, las suspensiones que otorgó contra el Panaut benefician a los quejosos de los amparos que ha recibido el juzgador. La reforma reclamada obliga a los usuarios de telefonía celular a registrar sus líneas en el padrón para que no les sean canceladas por falta de registro.
Las suspensiones concedidas por Gómez Fierro tienen como efecto que los quejosos no sean obligados a entregar sus datos biométricos y que sus líneas de telefonía celular no queden canceladas por esta falta. El 21 de abril pasado EL UNIVERSAL informó que la petición de López Obrador para investigar a Gómez Fierro fue turnada a la Secretaría Ejecutiva de Disciplina, pero hasta ahora no existía ninguna pesquisa.
