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El gobierno federal planea que, con apoyo del Congreso de la Unión, se promuevan acciones legislativas, operativas y orgánicas presupuestales para consolidar una unidad policial especializada en investigación de lavado de dinero, es decir, la creación de una guardia de finanzas.
Así lo establece la adenda a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública (ENSP), que envió el Ejecutivo federal al Senado para su análisis, discusión y posible aprobación.
Señala que propondrán una ley federal de combate al conflicto de intereses para limitar las adquisiciones directas y, en su caso, propiciar su revisión por parte de los órganos fiscalizadores, para investigar y clausurar las empresas fantasmas.
“Es necesario centralizar las instancias de contraloría, fortalecer mecanismos fiscalizadores, como la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), así como ampliar el radio de acción de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, la cual desde su creación se ha concentrado en detectar la evasión fiscal (...) En esta administración su actuación debe permitir debilitar los esquemas de financiamiento del crimen organizado”, se lee en el texto.
La adenda resalta que se establecen como “obligatoriedad” las declaraciones patrimoniales, fiscal y de conflicto de intereses de todos los servidores públicos, eliminar el fuero de altos funcionarios, fomentar la colaboración internacional para erradicar los paraísos fiscales, monitorear en tiempo real el dinero para adquisiciones y realizar verificaciones obligatorias de los precios de mercado antes de cualquier adquisición.
Al reconocer el Ejecutivo federal que los índices de violencia y los asesinatos ubican a México en niveles históricos de criminalidad y entre los países más inseguros del mundo es que se considera que ante este panorama la “regeneración moral” es un medio y un propósito que persigue este gobierno para reducir la crisis de inseguridad, “con independencia de crear una constitución moral”, que proponga nuevas actitudes en la relación entre individuos y el colectivo.
Además de enfatizar en la cultura cívica y ética, en los programas de estudio, en la comunicación oficial y en la intención ejemplificante de un gobierno austero, honesto, transparente, incluyente, respetuoso de las libertades, apegado a derecho, “será una convocatoria permanente a toda la sociedad para retomar principios gregarios y remontar el grave deterioro del tejido social”, destaca.
El documento, enviado a la Comisión de Seguridad del Senado, sostiene que como parte de la estrategia nacional se contempla eliminar las diferencias salariales “abismales” entre un agente del Ministerio Público federal, un policía federal y un juez federal, dependiendo de su rango y nivel, por lo que se requerirá de una “reforma histórica” para que a los abogados les resulte más atractivo ser fiscal federal que juez federal, y que sus carreras no sean tan distintas, además de revisarse las condiciones salariales y prestaciones de los integrantes de las diferentes instituciones policiacas.
Añade que en otros países han funcionado los nuevos modelos de justicia debido a que no sólo tienen percepciones similares, sino a que se les capacita en troncos comunes y en la homologación de procesos, con la intención de que todo el sistema en la materia hable el mismo idioma, pues está comprobado que, de no hacerse así, la impunidad en el país seguirá siendo un “grave problema”.
Sistema de información. También puntualiza que para evitar que sean recontratados aquellos efectivos policiales sometidos a procesos o sancionados se debe establecer constitucionalmente un Sistema Nacional de Información en Seguridad Pública, en donde participen los tres órdenes de gobierno, para un modelo de información con acceso a los actores involucrados en materia policial, procuración y administración de justicia.
“No se puede entender un eficaz combate a la delincuencia si no existe un mecanismo de información útil, ágil y confiable. En este punto debemos exhortar a los tres órdenes de gobierno a trabajar de manera conjunta, coordinada y sin regateos; de lo contrario, todos los esfuerzos pudieran derivar en acciones ineficaces”, indica el documento.
En la adenda se afirma que es “imperativo” alinear la estrategia nacional para generar la mejor coordinación institucional entre los responsables de aplicarla, así como “imponer orden” en el gobierno federal, para terminar con el “bandidaje oficial”, la corrupción, impunidad y el influyentismo, e impulsar la dignificación y mejoramiento de los cuerpos de seguridad.
El texto sustituye la palabra militar por civil en cuanto a la Guardia Nacional se refiere e incluye lo derivado de las leyes aprobadas en extinción de dominio y la reforma al artículo 19 constitucional en materia de prisión preventiva oficiosa, con la intención de combatir los delitos señalados en ambas normas.
