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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Subsecretaría de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob) están analizando el contenido de la " Ley Garrote " de Tabasco e incluso podrían impugnar si viola la legalidad.
La Ley Garrote es una legislación tabasqueña que sanciona hasta con 20 años de prisión a quienes participen en movilizaciones y protestas que impidan la ejecución de obras públicas o privadas que cuenten con autorización para su ejecución; el mismo castigo recibirá quien extorsione o imponga cuotas para el libre tránsito.
Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos
, señaló que "no se puede permitir ningún lineamiento que limite el derecho a la manifestación y a la expresión política. Emitiremos nuestra opinión ahora que ya esté publicada la Ley".
En tanto Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH , informó que el área jurídica de su dependencia ya está analizando la Ley Garrote. Señaló que parte de la labor del organismo autónomo es impugnar , mediante acciones de inconstitucionalidad, las normativas que vulneran derechos humanos.
Además, informó que el área jurídica de su organismo también está analizando la Ley Bonilla, que permitirá al candidato electo de Baja California extender su mandato de dos a cinco años, y la Ley de Extinción de Dominio aprobada el Congreso de la Unión.
Específicamente sobre la Ley Garrote dijo que "observo que puede haber algunos aspectos de inconstitucionalidad, pero será lo que determine el jurídico, que se haga un análisis como se hace cotidianamente".
