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El titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, Santiago Nieto Castillo, hizo este miércoles la solicitud formal de extradición del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte Jaquez , acusado de desviar más de 79 millones de pesos al Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Fuentes de la Fepade, informaron que Nieto Castillo realizó ayer el requerimiento a través de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales , encabezada por Alberto Elías Beltrán, instancia que a su vez pidió a la Interpol la emisión de la f icha roja para localizar y detener a Duarte Jaquez, quien al parecer radica en Estados Unidos, por el delito de peculado, no considerado grave.
El funcionario dijo el lunes pasado que ya estaban en condiciones de iniciar el procedimiento, para que el también ex diputado sea presentado ante las autoridades mexicanas para enfrentar los cargos que se le están imputando.
“En el caso del señor César Duarte o en los casos de los funcionarios de Javier Duarte, en el estado de Veracruz, o cualquiera que se presente, son mensajes muy claros a la ciudadanía respecto a lo que no se puede hacer en los procesos electorales”, sostuvo.
En junio pasado el Juez Segundo de Distrito del Nuevo Sistema de Justicia Penal , con sede en Chihuahua, giró una orden de aprehensión contra el ex mandatario por el desvío de 14 millones de pesos al PRI durante el proceso electoral de 2015.
La Fiscalía consiguió el mandamiento judicial luego de que en una primera solicitud el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de la entidad le negara la orden por el delito de peculado al argumentar que uno de los testigos principales, quien acusó al exmandatario de desvío de recursos, declaró sin la presencia de un abogado.
Hasta el momento, tres colaboradores de Duarte Jaquez han sido vinculados a proceso: Jaime Herrera, exsecretario de Hacienda; Pedro Mauli, exdirector de Finanzas del PRI en Chihuahua; Jesús Olivas Arzate, extitular de Egresos; Ángel Mezquitic Aguirre, exjefe de Programación y Control de Pagos y Seguimiento Financiero.
Están relacionados con las retenciones ilegales a los salarios de los trabajadores de esa entidad, en favor del PRI; la coacción a subordinados, y el financiamiento ilícito en los procesos electorales.
lsm
