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En su primera reunión con representantes de la sociedad civil y expertos, la Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados recibió recomendaciones en materia de seguridad y del servicio público, previo a dictaminar las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal .
Durante la reunión, los exponentes propusieron robustecer el servicio profesional de carrera , vigilar las compras del gobierno federal, no desvirtuar la autonomía de las instituciones públicas y no designar a los centros de reinserción social como responsabilidad de la próxima Secretaría de Seguridad Pública.
Al encuentro acudieron representantes de Fundar, México Evalúa, del Instituto de Reinserción Social, de Fortalecimiento Municipal; y del ámbito académico, como del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y de la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México.
En su participación, el especialista en seguridad y articulista de EL UNIVERSAL, Alejandro Hope , señaló que los aspectos que más le generan preocupación son algunas inconsistencias que contiene la iniciativa respecto a la seguridad nacional.
“Una amenaza a la seguridad nacional, en nuestro marco normativo, es algo que pone en riesgo la estabilidad y la permanencia el Estado. Si la seguridad pública entrara en ese rubro, casi cualquier robo, casi cualquier delito sería considerado como amenaza de seguridad nacional y eso ameritaría el despliegue de todos los recursos a disposición del Estado, incluyendo a las Fuerzas Armadas”, dijo.
Como representante de México Evalúa, Mariana Campos expresó preocupación porque el mandato de austeridad y la disminución en algunos sueldos promuevan la corrupción en lugar de controlarla.
“No vaya a ser, como se dice comúnmente, que nos salga más caro el caldo que las albóndigas”, anotó.
