Los exsecretarios generales de la Policía Federal (PF), Jesús Orta y Frida Martínez, tramitaron dos amparos con los que buscan evitar su detención por las acusaciones que pesan en su contra por un supuesto desvío en la corporación por dos mil 500 millones de pesos.
Orta y Martínez son dos de los 19 exfuncionarios de la extinta PF que la Fiscalía General de la República (FGR) busca aprehender por supuestamente cometer desvíos en la adquisición de equipo, omisiones fiscales e irregularidades en la administración de los recursos de la institución.
Orta, quien también fue secretario de Seguridad Pública Ciudadana de la capital del país, consiguió que el juez Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México le concediera una suspensión provisional contra la orden para capturarlo; sin embargo, la medida no impedirá su posible detención.
Esto, debido a que la orden de aprehensión emitida en su contra por un juez federal en el Estado de México es por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero).
En el primero de estos delitos aplica la prisión preventiva de oficio, por lo que la suspensión no frena su detención por esta acusación.
En tanto, Frida Martínez, identificada como excolaboradora cercana del exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, solicitó la protección federal ante el juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales del Estado de México, pero su demanda no ha sido admitida a trámite.
Según los estrados judiciales, en el expediente 541/2020, el juez requirió a Martínez Zamora para que en cinco días aclare su demanda.
En su escrito, la exmando de la PF señaló que acudió por motivos personales y profesionales al Estado de México donde se enteró que agentes policiales la han buscado en diferentes domicilios de la entidad para detenerla.
“Al acudir por motivos personales y profesionales al Estado de México en distintas fechas, tuvimos conocimiento por familiares y amigos que en diversos inmuebles ubicados en el Segundo Circuito Judicial, personas que se ostentaron como agentes policiales —sin especificar corporación— han estado investigando en los domicilios, horarios y actividades de la suscrita, so pretexto de lograr el cumplimiento de una orden de aprehensión”, señaló.
Las órdenes de aprehensión contra los exintegrantes de la PF derivaron de las denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que detectó las anomalías en el ejercicio de los recursos de la corporación tales como la compra de equipos de inteligencia y espionaje, realizada entre 2013 y 2018, por 480 millones de pesos.
La adquisición de tres equipos de intercepción celular y la póliza de servicio y garantía generaron un quebranto por 172.2 millones de pesos, así como la contratación del sistema de inteligencia Rafael que se realizó en 2015 y que costó 2 mil 458 millones de pesos.
