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A partir de mañana entrará en vigor la Ley Federal de Austeridad Republicana , "para acabar con el dispendio y la corrupción, prevenir los conflictos de interés y fortalecer el gasto social”, de acuerdo con la Secretaría de la Función Pública, luego de que se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
"La ley tiene el propósito de generar más recursos para servicios médicos y otros”, agregó la dependencia.
Por ejemplo, la nueva legislación mandata que, para ocupar cualquier empleo, cargo o comisión en alguna institución pública, las personas interesadas deberán separarse legalmente de los activos e intereses económicos particulares que estén relacionados o afecten de manera directa el ejercicio de sus responsabilidades públicas, y que signifiquen un conflicto de interés.
Además, establece un periodo mínimo de 10 años para que las y los altos servidores públicos, que por cualquier motivo se separen de su cargo, no puedan ocupar puestos en empresas que hayan supervisado o regulado, con la finalidad de impedir la entrega a éstas de información privilegiada que hayan obtenido en el ejercicio de su cargo público.
También prohíbe la autorización de pensiones de retiro al titular del Ejecutivo Federal adicionales a la provista por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado correspondiente al seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez.
Obliga a la Administración Pública Federal a eliminar la duplicidad de funciones y las plazas con nivel de Dirección General Adjunta que no ejerzan facultades contempladas expresamente en la normatividad.
También, impide la constitución o celebración de fideicomisos en materia de salud, educación, procuración de justicia, seguridad social, y seguridad pública, así como contratar con recursos públicos cualquier tipo de jubilaciones, pensiones, regímenes especiales de retiro, de separación individualizada o colectiva, o seguros de gastos médicos privados con cargo al erario público.
Finalmente, la Ley Federal de Austeridad Republicana establece la constitución de un Comité de Evaluación responsable de promover y evaluar las políticas y medidas de adoptadas en la Administración Pública Federal, y entregar informes anuales a la Cámara de Diputados.
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