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Por cada 100 actos de corrupción, el 99% quedan impunes, 23 son denunciados, pero sólo uno tiene algún tipo de consecuencia, aseguró el comisionado Joel Salas Suárez, del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
En el marco de Foro “Fiscalización, Transparencia Gubernamental y Combate a la Corrupción”, organizado por México Correcto, Salas Suárez consideró que el reto es acabar con la opacidad y recuperar la confianza ciudadana, y la transparencia es el vehículo para lograrlo.
“La información es poder, en la práctica la población está ejerciendo el derecho de acceso a la información y a partir de que tenemos una Ley de Transparencia se ha convertido en un vehículo que permite a los periodistas, a las organizaciones de la sociedad civil, a los investigadores y a la población en general, contar con los elementos para inferir actos de corrupción” refirió Salas Suárez.
En el auditorio “Octavio Paz” del Senado de la República, al participar en el panel “Información gubernamental ¿pública?: Diferencias entre Transparencia y Fiscalización”, el comisionado del INAI citó casos de la administración de Enrique Peña Nieto donde calificó la corrupción como estructural al sistema político mexicano y puso el ejemplo de Odebrecht, la Estafa Maestra, Altos Hornos y la Casa Blanca.
Sin la garantía del derecho de acceso a la información y la transparencia no se habrían podido revelar los mecanismos y las redes para desarrollar este tipo de investigaciones periodísticas y sobre todo, para que las autoridades actuaran, aseguró Salas Suárez.
El caso que llevó a la titular de la extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) Rosario Robles a su arresto, “es un hilo que hay que sacarlo, porque en este caso están involucrados 11 dependencias del Gobierno Federal, poco más de 10 universidades y cerca de 168 empresas y se tienen que sancionar a todos” demandó el comisionado.
En su intervención también recordó el tema de las condonaciones fiscales e informó que en el periodo de 2007 a 2018, se perdonaron créditos por 400 mil 902 millones de pesos a 153 mil 530 contribuyentes.
En el Seminario también participaron Miguel Manrique, Director Jurídico del Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIPE; Roberto Gustavo Mancilla, Presidente de la Comisión Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Movimiento Ciudadano y Carla Angélica Gómez Macfarland, Investigadora del Instituto Belisario Domínguez, del Senado de la República.
