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Los presidentes de las Comisiones de Hacienda y Presupuesto en la Cámara de Diputados, Patricia Terrazas (PAN) y Alfonso Ramírez (Morena) , respectivamente, consideraron que el dictamen de la Ley de Austeridad Republicana , que se discutirá este lunes en la reunión de ambos órganos legislativos, avanzará sin problemas, por las modificaciones que se hicieron al proyecto.
La diputada panista comentó a EL UNIVERSAL que los cambios hechos a las iniciativas originalmente presentadas y luego al dictamen recién circulado, como que los burócratas ya no trabajen en sábado, como se pretendía, ayudaron a que se construyera un documento de mayor consenso.
En tanto, Ramírez Cuéllar consideró que el documento que se analizará hoy a la una de la tarde en comisiones tiene “mucho acuerdo”, porque mantiene el objetivo fundamental de la creación de dicha ley: “terminar con el derroche de la alta burocracia y el mal manejo del presupuesto asignado”.
El Gran Diario de México publicó este domingo que el avance del dictamen tuvo modificaciones, entre ellas, el apartado que obligaba a los burócratas del Poder Ejecutivo a laborar de lunes a sábado.
Ramírez Cuéllar indicó que el gobierno federal “tiene el serio compromiso de acabar con el derroche de recursos, el tráfico de influencias y la discrecionalidad” que hubo en el manejo de dinero por las administraciones pasadas.
“Por eso, en este dictamen de Ley se reglamenta entre otras cosas la adquisición de bienes y servicios que, por regla general, se hará a través de licitaciones públicas”, puntualizó el diputado en un comunicado.
El legislador de Morena también explicó que el proyecto de Ley de Austeridad Republicana faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a la Secretaría de la Función Púbica (SFP) para emitir los lineamientos para la compra de vehículos, sistemas de cómputo y servicios generales, sancionando el incumplimiento de los mismos.
Del proyecto de dictamen, el morenista destacó; primero, que se establece la austeridad republicana como valor fundamental del servicio público mexicano; y segundo, que éste “no afectará negativamente los derechos sociales de los mexicanos establecidos en la constitución y los Tratados Internacionales”.
Además, el dictamen dispone que no habrá pensiones para expresidentes, adicionales a la otorgada por el I nstituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), que por ley les corresponden.
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