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El Poder Judicial de la Federación (PJF) ha documentado, durante los últimos cuatro años, casos en contra de jueces y magistrados a quienes se les relaciona con temas de corrupción, colusión con la delincuencia organizada, nepotismo y acoso sexual, entre otros, mismos que se ha enfocado a contrarrestar.
En entrevista con EL UNIVERSAL el ministro Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), indicó que su administración ya identificó estos problemas, principalmente en el estado de Jalisco.
Entre los casos cuyas sanciones han quedado firmes está el del magistrado que liberó al hijo de Joaquín El Chapo Guzmán; el del juez que otorgó diversos amparos al Zar de los Casinos en Coahuila, y el que llevó el caso del homicidio del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, en Guadalajara, Jalisco.
Desde la administración pasada, a cargo del ministro Luis María Aguilar Morales, fueron sancionados 36 magistrados y 49 jueces de Distrito por irregularidades que cometieron dentro de la Corte.
De todas esas medidas, 15 fueron destituciones e inhabilitaciones de los juzgadores por haber cometido conductas graves; tres inhabilitaciones y una destitución se emitieron en 2018, pero no todas han sido declaradas firmes.
Las historias
En menos de un mes los más de 20 años de carrera judicial del magistrado federal Isidro Avelar Gutiérrez han estado en el ojo del huracán. Lo que empezó como una de tantas acusaciones por corrupción en el PJF, emitida por el senador de Morena, Ricardo Monreal, subió de nivel hasta que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) inició una investigación y suspendió por seis meses sin goce de sueldo al funcionario.
El magistrado ha sido señalado por supuestos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y actualmente no tiene acceso a sus cuentas bancarias debido a que tanto las autoridades mexicanas como las estadounidenses lo tienen en la mira.
Por ello, el funcionario Avelar Guitiérrez teme que la Fiscalía General de la República (FGR) intente aprehenderlo y pidió un amparo en el que el Juez Quinto de Distrito en materia Penal con residencia en Zapopan, Jalisco, le concedió una suspensión provisional para evitar su captura; sin embargo, para mantener dicha medida, deberá exhibir al juzgado una garantía de 200 mil pesos.
Francisco Martín Hernández Zaragoza, extitular del Juzgado Sexto de Distrito en materia Penal en el estado de Jalisco, fue sujeto de las investigaciones del CJF desde 2014 por actos como corrupción y lavado de dinero.
A estas acusaciones se sumó una denuncia realizada por una de sus subordinadas, quien lo señaló por masturbarse frente a ella y cometer acoso sexual en contra de diversas trabajadoras de su juzgado, razones por las que el pleno del CJF decidió destituirlo desde febrero de 2015 y cuya resolución fue confirmada por la Corte el 27 de octubre de 2017.
En abril de ese año fueron inhabilitados los magistrados jubilados Jorge Alfonso Álvarez Escoto, por el término de tres meses y nunca impugnó la sanción, y Rubén Pedrero Rodríguez, durante 10 años y tampoco impugnó.
Para agosto de 2015, el CJF destituyó a Luis Armando Jerezano Treviño, exjuez Cuarto de Distrito en la Laguna, Torreón Coahuila, por estar vinculado con el lavado de dinero luego de que emitió diversos fallos a favor de propiedades de Juan José Rojas Cardona, conocido como El Zar de los Casinos.
La resolución del CJF fue confirmada por la Corte en una sesión celebrada el 20 de febrero de 2017. Por acoso sexual Francisco Ramos Silva, extitular del Juzgado Sexto de Distrito en materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, fue destituido desde el 11 de mayo de 2016. Ramos Silva llevó casos como el del homicidio del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, en Jalisco.
La Judicatura acreditó que el juez incurrió en hostigamiento sexual contra una servidora pública y también contrató a un “aviador” en su juzgado. La Corte confirmó la sanción el 12 de febrero de 2018.
José Neals André Nalda fue destituido por el CJF el 28 de septiembre de 2016 por conceder amparos de manera irregular relacionados con la importación de autos usados cuando era titular del Juzgado Tercero de Distrito en el estado de Baja California, con residencia en Mexicali. La medida fue confirmada por la SCJN hasta el 15 de enero de 2018.
El magisrado Jesús Guadalupe Luna Altamirano fue destituido el 26 de abril de 2017 señalado por enriquecimiento ilícito y fue sometido a investigación luego de ordenar la liberación del hijo de Joaquín El Chapo Guzmán.
La separación del magistrado Jesús Luna Altamirano fue confirmada por la Suprema Corte el pasado 11 de marzo de 2019.
Álvaro Tovilla León, exjuez Noveno de Distrito en materia Administrativa fue sancionado desde el 5 de julio de 2017, la Corte confirmó su destitución el 11 de abril pasado.
En el año 2004 fue el juzgador Lelo de Larrea, quien pidió el desafuero del entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, por el caso El Encino.
Para el año 2014, el Consejo de la Judicatura Federal denunció al juzgador por la supuesta anuencia, tolerancia y colaboración que tuvo con su exsecretario de Acuerdos, a quien le fueron detectados movimientos bancarios por 432 millones de pesos y fue sujeto a un proceso penal por enriquecimiento ilícito.
El magistrado Margarito Medina Villafaña y Daniel José González Vargas, juez Segundo de Distrito en el estado de Baja California, fueron inhabilitados en enero y noviembre de ese año, respectivamente, pero impugnaron sus sanciones y las resoluciones están pendientes en la Suprema Corte de Justicia.
González Vargas fue destituido en mayo de 2018 y también impugnó esta sanción, por lo que aún está pendiente de resolución en la Corte.
Asimismo, André Nalda, quien había sido destituido desde 2016, también recibió una inhabilitación por el plazo de 10 años en marzo de 2018. Esta resolución no ha sido impugnada por el exfuncionario.
