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La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Kenia López Rabadán (PAN) recordó “la gran deuda que hay con la sociedad, por conservarse en la Constitución la figura del arraigo”, y propuso que sea derogada.
El arraigo, que es la detención de un sospechoso sin previa investigación, perdura a pesar del cambio de sistema de justicia penal inquisitivo al acusatorio, y a nivel internacional México incumple convenciones en materia de derechos humanos, explicó la legisladora.
Kenia López Rabadán
presentó una iniciativa para derogar la figura del arraigo del párrafo octavo del artículo 16 de la Constitución, y el proyecto fue turnado por la Comisión Permanente a la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado.
La legisladora señaló que "cuando México decidió transitar al sistema penal acusatorio, privilegió el respeto irrestricto de los derechos de las víctimas e imputados".
La reforma de Justicia Penal de 2008 propuso modificar la actuación de las autoridades que intervienen en el procedimiento jurisdiccional, así como transparentar la procuración e impartición de justicia.
Recordó que también fijó el objetivo de eficientar las acciones de las autoridades ministeriales y mejorar el sistema de reinserción social.
Queda el arraigo, no obstante, en la Constitución, como una medida para la investigación de posibles delitos.
Agregó que la reforma de Justicia Penal de hace más de 10 años, "tuvo un avance innegable en materia de reconocimiento de derechos de los sujetos orocesales, fortaleciendo en debido proceso legal y la presunción de inocencia".
Aquella reforma, remarcó, sin embargo, "conservó formas de privación de la libertad, como son la prisión preventiva oficiosa y el arraigo".
El sentido de que estas dos figuras permanecieran fue permitir que el Estado pudiera castigar a discreción a quienes crea que pueden sustraerse de la acción de la justicia.
El arraigo vulnera los derechos de presunción de inocencia, a una defensa adecuada y a la integridad física y patrimonial, dijo López Rabadán.
México está en falta con sus compromisos internacionales, por mantener el arraigo en su sistema jurídico, como lo señaló, en 2013, el Grupo de Trabajo del Examen Periódico Universal que externó su preocupación por sostener esa práctica como una medida para investigar y enjuiciar delitos de delincuencia organizada.
En 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) externó su rechazo al arraigo del que habían sido sujetas 83 personas.
“Durante la sustentación del Examen Periódico Universal de la ONU, en octubre 2018, diversos países recomendaron la revisión y eliminación del arraigo, por violar el debido proceso, así como el principio de presunción de inocencia, el derecho a la libertad y expone al detenido a posibles torturas”, expuso en su iniciativa de reforma constitucional.
