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Por primera vez en la historia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un fallo para que el Congreso de la Unión cumpla con su obligación de legislar.
En sesión de la Primera Sala, con mayoría de cuatro votos, los ministros ordenaron al Congreso emitir la ley reglamentaria sobre gasto en publicidad gubernamental a más tardar para el 30 de abril de 2018.
La expedición de esta reglamentación se estableció en la reforma político-electoral que entró en vigor desde 2014 y el Congreso tenía hasta el 30 de abril de ese año para emitir la ley reglamentaria sobre el gasto de comunicación social.
El proyecto fue realizado por el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien consideró que el Congreso incumplió con su obligación de emitir la ley reglamentaria conforme a la reforma constitucional, por lo que para el 30 de abril de 2018 deberá emitir el cuerpo normativo.
El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo emitió voto en contra y la presidenta, Norma Lucía Piña, anunció un voto concurrente.
“Hasta este momento no había para los ciudadanos una vía para poder obligar al Congreso a legislar, entonces, es un parteaguas en la defensa de los derechos humanos de la ciudadanía, porque por primera vez hay un medio al alcance de los ciudadanos para obligar a los Poderes de la Unión a que cumplan con la Constitución”, afirmó el ministro ponente al término de la sesión.
El fallo derivó de un amparo concedido a una organización no gubernamental que señaló la omisión legislativa del Congreso al no emitir la ley reglamentaria del artículo 134 de la Constitución en cuanto a publicidad oficial.
El ministro Zaldívar Lelo de Larrea dijo que el fallo emitido por la Corte no establece en qué términos deberá quedar la legislación, porque no forma parte de su competencia.
Determinó que la omisión del Congreso viola la libertad de expresión, de prensa y de información, al constituir una censura a través del uso “arbitrario” de los recursos públicos designados en el presupuesto de comunicación social.
De 2013 a agosto de 2017, el gobierno federal erogó 38 mil millones de pesos en comunicación social.
El ministro prefirió no hablar de la posibilidad de un incumplimiento de la sentencia; sin embargo, precisó que en caso de ocurrir algo así, la quejosa puede promover el incidente de incumplimiento para que los ministros entren al estudio de una posible sanción.
El Instituto Nacional Electoral (INE) dio la bienvenida a la resolución, que haría “más sencilla” la tarea del organismo y daría más certeza a los procesos electorales.
Se evitaría la discrecionalidad que puede darse al aplicar una regla constitucional sin ley reglamentaria, pero el INE es respetuoso de lo que determine el Congreso, dijo su presidente, Lorenzo Córdova.
