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El Comité coordinador del Sistema Nacional Antocorrupción (SNA) determinó que el Inai y la SFP coordinarán los trabajos para la elaboración de los formatos de las declaraciones patrimoniales y de intereses de los servidores públicos .
Se trata de una de las principales demandas ciudadanas previstas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas del SNA.
Durante la tercera sesión ordinaria, en la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Comité Coordinador, el Comité de Participación Ciudadana del SNA, la SFP, el Inai, la ASF, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa aprobaron la elaboración de mecanismos de Consulta Pública Nacional para el desarrollo de la Política Nacional Anticorrupción, a cargo de la presidenta del Comité Coordinador, Jacqueline Peschard.
También informaron que pondrán en marcha un mecanismo para dar seguimiento a la conformación de los sistemas locales anticorrupción, coordinado por la ASF y la SFP.
De acuerdo con los resultados del monitoreo de los procesos de armonización legislativa en materia anticorrupción en las entidades federativas, que llevó a cabo la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental (Asofis), en septiembre pasado, 29 estados promulgaron su ley y están pendientes Chihuahua, Tlaxcala y Veracruz.
Sin embargo, se detectó que leyes de Aguascalientes, Chiapas, la Ciudad de México, Colima, Jalisco y Querétaro no disponen que el Secretario Técnico sea nombrado por el órgano de gobierno de la Secretaría Ejecutiva, a través de una convocatoria pública.
Las legislaciones de Baja California, la Ciudad de México y Michoacán, no contemplan el mecanismo de vinculación con la Plataforma Digital Nacional.
La de la Ciudad de México tampoco prevé que los candidatos a integrar la Comisión de Selección sean postulados por instituciones de educación superior y de investigación, así como por organizaciones de la sociedad civil.
Finalmente, la de Aguascalientes no dispone que el Comité Coordinador esté conformado de manera análoga al del SNA y las de Hidalgo y Sonora no establecen la autonomía de la fiscalía especializada en combate a la corrupción.
El Comité Coordinador hizo un llamado a las entidades federativas para que den continuidad a los trabajos de armonización legislativa en materia anticorrupción.
