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Al “presionar” y “amenazar” al juez Juan Pablo Gómez Fierro, quien suspendió provisionalmente la reforma eléctrica, el presidente Andrés Manuel López Obrador no respeta la Constitución e invade la competencia del Poder Judicial con una actitud dictatorial, afirmaron abogados y académicos.
Ayer, el Presidente de la República envió al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) una carta en la que pide que se investigue al juez por la rapidez con la que otorgó la suspensión de la reforma eléctrica.
Esta reforma fue impulsada por el Mandatario; incluso, López Obrador la presentó como iniciativa preferente en este periodo ordinario de sesiones y, después de ser aprobada por mayoría en las dos cámaras del Congreso de la Unión, fue publicada la sema-na pasada.
“El Presidente está confundido, mal informado o simplemente no tiene idea de lo que significan la República, la democracia, la división de poderes y, por supuesto, el juicio de amparo”, consideró el exprocurador General de la República Ignacio Morales Lechuga.
En entrevista, el abogado Morales Lechuga señaló que López Obrador incurre en una flagrante presión contra el juez Gómez Fierro, especializado en competencia económica, al pedir al Consejo de la Judicatura Federal que lo investigue por fallar presuntamente con dolo contra su refor-ma eléctrica.
“Hay que admirar el valor del juez porque es una amenaza clara del Presidente, pese a que no diga que es una amenaza, ya se conocen las expresiones en ese sentido. Es una falta de respeto a la Constitución más que a los jueces, por estar entrometiéndose en los asuntos de otros poderes”, sostuvo.
Ante esta situación, el notario público calificó de “tibio” el respaldo que la Suprema Corte de Justicia y el Consejo de la Judicatura Federal están dando al titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones.
“Está recibiendo un respaldo tibio, pero al fin respaldo, de la Suprema Corte de Justicia, pero también está recibiendo respaldo de colegios de abogados y de federaciones de abogados, y seguramente más tarde se pronunciarán maestros universitarios y universidades, así que el juez debe sentirse respaldado porque gran parte de la nación, profesionalmente hablando, está de acuerdo en que decida y ayude a controlar al Ejecutivo en el respeto que debe guardarle a la Constitución. Bien por el juez”, añadió.
De acuerdo con Morales Lechuga, la recién promulgada reforma a la industria eléctrica afecta los derechos humanos, la economía y los compromisos internacionales que México ha suscrito, por lo que lamentó el actuar del Ejecutivo.
Indicó que la situación derivada del fallo del juez Juan Pablo Gómez es la oportunidad histórica para que el Poder Judicial se mantenga como contrapeso del Ejecutivo federal.
“Es una oportunidad y el juez está a la altura de los requerimientos”, aseveró.
Triste actuación
Para el académico de la Facultad de Derecho de la UNAM Everardo Moreno Cruz la actuación del presidente López Obrador en este tema es “triste”, que se “entendería en una dictadura y no en una democracia.
“Es una posición, además, de una gran ignorancia del presidente. La actitud del juez (es) una actitud valiente, a lo mejor equivocada; los jueces son autónomos, son independientes. Por supuesto que no es equivocada, pero en el extremo de que estuviera equivocada puede ser remediada, pero no por declaraciones del Presidente”, refirió.
Moreno Cruz afirmó que el Presidente no debió polemizar y amenazar sobre la suspensión provisional contra la reforma eléctrica, ya que el juicio de amparo interpuesto por empresas energéticas no ha concluido.
“No tenía por qué haber hablado el Presidente de la República. Hay instancias, es una suspensión provisional; después de la suspensión provisional tendría que venir la definitiva, después tiene el recurso de revisión, entonces quizás Nicolás Maduro, quizás Hugo Chávez, quizás Augusto Pinochet estarían en lo correcto, pero Andrés Manuel López Obrador está actuando como ellos”, aseveró.
El exsubprocurador en la entonces PGR se dijo preocupado porque el titular del Ejecutivo federal no respeta las instituciones, “es un Presidente que cree que las cosas solamente están correctas cuando se hacen de acuerdo a lo que él quiere; entonces, es preocupante”, dijo.
Consideró que el Poder Judicial debe defender su independencia y autonomía ante las presiones de Palacio Nacional.
“Señor Presidente, tú eres titular de un Poder, yo Suprema Corte de Justicia de la Nación soy otro Poder y mis jueces son autónomos, entonces son independientes. Ojalá se mantenga esa posición y ojalá ya deje de hablar el Presidente y decir lo que dice porque lastima a la institución presidencial”.
Y añadió: “Somos un país de instituciones; entonces, ¿los jueces van a estar a las órdenes del Poder Ejecutivo en sus arbitrariedades y todas las ocurrencias que tiene? ¡De ninguna manera!”.
Autoridad al límite
El doctor en Ciencias Políticas por la UNAM Francisco Valdés Ugalde expuso que el presidente López Obrador está llevando a los límites su autoridad, al suponer que el juez actuó con mala intención al frenar provisionalmente la reforma eléctrica.
“Me parece que en el fondo de la cuestión hay que tomar en cuenta dos cosas: el Presidente asume equivocadamente que él es el representante único de la nación y que, por el hecho de haber llegado con una mayoría al puesto que hoy ocupa, todo lo que diga y todo lo que haga sería representativo de esa mayoría.
“Es probable, aunque lo ignoramos, que la mayoría coincida con el juicio del Presidente en materia de la reforma a la ley eléctrica, pero lo que sí está claro es que ninguna mayoría puede pasar por encima de los derechos de cada quien, o sea, por encima de la Constitución, que es el freno para que una mayoría no se convierta en una tiranía. El Poder Judicial está obligado a defender la Constitución”, dijo.
Enfatizó que el Mandatario está ejerciendo una presión contra el juez a través de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, algo que le parece indebido porque los jueces deben actuar con absoluta independencia de los demás poderes.
“Y los demás poderes, como el Ejecutivo en este caso, deben ser completamente respetuosos de la autonomía del Poder Judicial, porque el Poder Judicial es la defensa de la Constitución”, puntualizó.
En opinión de Valdés Ugalde, la decisión del juez es atinada en el sentido de que los efectos de la suspensión provisional contra la reforma eléctrica deben correr parejo para todos aquellos actores que están en la misma circunstancia, es decir, que fueron sacados de la jugada por la nue-va legislación.
“La carta del Presidente revela un fuerte disgusto porque se atreven a poner en entredicho una ley que él dictó, que su mayoría en el Congreso aprobó sin mover una sola coma. Aunque la mayoría votó a favor de esta ley, pues se puede decir que ni siquiera tuvieron discusión, fueron absolutamente obsecuentes con el Poder Ejecutivo”, indicó Valdés Ugalde.
