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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 88/2020 por el caso de una mujer que fue encarcelada en una prisión varonil de Zacatecas, donde fue víctima de abuso sexual por parte de un custodio.
En agosto de 2018, la víctima fue privada de su libertad en el Centro Penitenciario Distrital de Calera de Víctor Rosales, un lugar que la CNDH calificó como inadecuado para albergar a población femenil.
Aunque en esa penitenciaría la mujer quedó en una zona apartada de los hombres, no fue vigilada por personal femenino las 24 horas del día y eso permitió que su agresor tuviera contacto con ella: “Este organismo nacional comprobó que dicha persona [la víctima] se encontró en un triple estado de vulnerabilidad, ya que además de ser mujer y estar privada de la libertad en un establecimiento penitenciario para hombres, se ejerció en su agravio un ambiente de violencia física, sicológica y sexual, y [también] constató que una de las autoridades responsables de los hechos formaba parte del cuerpo de custodia”, aseguró la CNDH.
El abuso en contra de la mujer fue admitido por autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas un año y medio después, mientras que la CNDH y su homóloga estatal acreditaron los abusos cometidos en el centro penitenciario.
La CNDH lamentó que aunque se emitió una orden de aprehensión contra el autor material del ilícito, no se abrieron otras líneas de investigación para saber si más personas vulneraron los derechos de la mujer.
La víctima permaneció en la cárcel distrital de Calera, en el municipio del mismo nombre, hasta el 19 de septiembre de 2018, fecha en la que ya había sido atacada y después fue enviada al penal femenil de Cieneguillas.
Medios de comunicación locales y nacionales informaron de los hechos en el centro penitenciario, mientras el gobierno de Zacatecas y el Tribunal Superior de Justicia de ese estado evadieron su responsabilidad.
La recomendación 88/2020 fue dirigida al gobernador Alejandro Tello, y al fiscal General de Justicia estatal, Francisco José Murillo, a fin de que eviten que no se repitan los hechos: al primero se le pidió implementar medidas para garantizar la reinserción social de las mujeres encarceladas, e iniciar un procedimiento administrativo contra el responsable del abuso sexual.
Al fiscal se le demandó indagar el ilícito e impartir un curso al personal ministerial sobre la relevancia de cumplir con una adecuada investigación de los delitos cometidos contra las mujeres por razones de género.
