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Al menos 46 senadores del bloque opositor PAN, PRI, PRD, MC, el independiente Emilio Álvarez Icaza, Germán Martínez Cázares de Morena, y un integrante del PVEM, presentaron una acción de inconstitucionalidad contra la aprobación de la reforma a la industria eléctrica.
Ayer los legisladores promovieron una demanda de acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de dejar sin efectos el decreto de modificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica que aprobaron primero la Cámara de Diputados y después el Senado de la República.
“La contradicción entre la ley eléctrica y la Constitución precisa violaciones específicas a los artículos constitucionales 1, 4, 6, 14, 16, 25, 27 y 28, así como el décimo transitorio de la reforma constitucional de 2013 [referente al] mandato para distribuir competencias entre dependencias federales y órganos reguladores coordinados en materia de energía”, señala el documento que entregaron la tarde de ayer.
De acuerdo con fuentes del Senado, el documento lo firmaron todos los integrantes del bloque opositor PAN, PRI, MC, PRD y también tres externos con los argumentos de que la ley atenta contra los derechos humanos, puesto que limita el acceso de las personas al derecho a un medio ambiente sano, y que va en contra de los tratados internacionales que México ha firmado, como el Acuerdo de París y el T-MEC.
“No se está cumpliendo con lo establecido en el Pacto de París, es una de las líneas. O sea, uno es protección al medio ambiente, el otro es proteccion a la salud, otro eje es evitar que se ataque la libre competencia, uno más es evitar que se impongan barreras económicas para la participación y afectación a derechos humanos”, dijo Miguel Ángel Mancera, del PRD.
Los legisladores también argumentan que las reformas a la ley eléctrica que se han dado a conocer como parte de una contrarreforma energética violan los principios de legalidad, seguridad jurídica y de no retroactividad, y socavan la autonomía de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace).
“Se contrapone al espíritu de lo establecido en la reforma constitucional de 2013 en materia de energía y electricidad”, señalan en el oficio dirigido a los ministros pleno de la SCJN.
En conferencia de prensa, el senador Jesús Horacio González Delgadillo (PAN) dijo que el objetivo de la acción de inconstitucionalidad es echar atrás los efectos de la reforma basada en la iniciativa preferente que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados y que pasó sin cambios tanto en ese órgano del Legislativo como en el Senado.
“Particularmente, se quedaría sin efectos la reforma y muy probablemente la acción del Ejecutivo federal será cumplir la amenaza que había hecho de promover reformas constitucionales, pero es muy prematuro para poder pensar en algo así. Esperemos la resolución de la Corte”, señaló el legislador.
