A 48 horas de que el Congreso de la Unión avale la creación de la Guardia Nacional, la Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados , aprobó -por mayoría- la abrogación la Ley de Seguridad Interior que impulsó el ex presidente, Enrique Peña Nieto y se aprobó en diciembre del 2017 .
El dictamen fue avalado por mayoría, con cambios, y busca abrogar la Ley de Seguridad Interior, publicada el 21 de diciembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación.
Dicha ley generó polémica en distintos sectores de la población debido a que se acusaba que con ella se militarizaba al país.
Incluso, a pesar de que se avaló en ambas Cámaras, nunca se aplicó debido a que el entonces titular del Ejecutivo declaró que no se aplicaría hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se pronunciara sobre su legalidad.
Además, el 15 de noviembre de 2018, la Corte la declaró inválida en su totalidad y se mantuvo si aplicarse.
Dicho ordenamiento quedó sin materia debido a que se declaró inconstitucional, por lo que se consideró viable la eliminación de esta ley del orden jurídico, que regulaba las intervenciones en seguridad pública de las Fuerzas Armadas.
Aún falta que este dictamen sea avalado por el pleno de la Cámara de Diputados y pase al Senado para su abrogación total.
En otro tema, los integrantes de la instancia legislativa aprobaron reformar el artículo 43, fracción X, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y el objetivo es establecer la definición precisa de la autoridad sobre la que recae la representación litigiosa de la Federación.
La reforma puntualiza que en caso de procedimientos en que el titular del Ejecutivo federal intervenga con cualquier carácter, su Consejería Jurídica podrá determinar la dependencia en la que recaerá la representación para la defensa.
Se busca dar certeza a los procedimientos en curso o potenciales, ello implica dar vigencia y observancia a las formalidades esenciales del proceso, sea jurisdiccional, administrativo o arbitral, cuando se lleve en forma de juicio.
La modificación enfatiza la necesidad de que la Federación cuente con la debida representación jurídica, por lo que es importante dotar al Ejecutivo federal, a través de la instancia respectiva, del marco legal adecuado a efecto de salvaguardar sus intereses en asuntos en los que sea parte, juicios y procedimientos ordinarios, o de naturaleza diversa a la jurisdiccional, para su atención y debido seguimiento.
Con esto, continúa el texto, se permitirá al titular del Poder Ejecutivo designar a la dependencia de la administración pública federal en la que recaerá la representación para la defensa de la Federación, a fin de atender y comparecer en los diversos juicios y procedimientos en los que esté de por medio la defensa jurídica de los intereses de la Federación.
