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La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) no contó con un censo ni padrón suficiente y confiable de las viviendas afectadas por los sismos de septiembre de 2017 , por lo que 506 mil 298 personas afectadas no recibieron la atención suficiente por parte del gobierno federal.
Según lo informó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la entrega del Informe de Fiscalización a la Cuenta Pública 2017 , en las nueve auditorías realizadas sobre el caso, también se detectó que el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) no dispuso de procedimientos específicos para la entrega oportuna de los recursos.
Además, en las acciones realizadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en Chiapas, Oaxaca y Morelos, la ASF detectó irregularidades por 77.4 millones de pesos, debido a la ausencia de documentación que justificara y comprobara el ejercicio de los recursos.
También se detectó que no hubo penas a los proveedores por nunca haber instalado 221 aulas móviles que sí se pagaron.
En lo que correspondió a las acciones de atención por parte de la Secretaría de Gobernación (Segob) , esta dependencia no contó con los Atlas de Riesgos Municipales en 85% de los 592 municipios afectados.
Gobernación tampoco contó con un programa de trabajo para fortalecer las normas de protección civil y planes de contingencia, lo que reparó, de acuerdo con la ASF, en que no contribuyera a la correcta toma de decisiones para auxiliar a la población.
En materia de la reconstrucción de viviendas, la Auditoría observó que los esquemas implementados por la Sedatu, Bansefi y la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) fueron insuficientes para alcanzar la normalidad de la sociedad luego del siniestro.
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