Agustín Caso Raphael, auditor especial de Desempeño de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), y quien se encuentra separado del cargo por la presunta falla en la estimación del costo por la cancelación del aeropuerto de Texcoco, aseguró que nunca ha sido presionado ni dentro del órgano autónomo ni fuera, y defendió su trabajo.

Aseguró que respeta mucho la investidura presidencial, pero las auditorías que hizo a la suspensión de la terminal aérea están bien hechas.

Al comparecer ante los integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, Caso Raphael dijo que esa auditoría, que arrojó la estimación que la cancelación de este aeropuerto de Texcoco costaría más de 331 mil millones de pesos, no la hizo con dolo ni mala fe o como un ataque a la investidura presidencial, y defendió el trabajo de sus colaboradores, y añadió que merecen todo su respeto.

“Lo primero que quiero reiterar es mi respeto a la investidura presidencial, y además de eso reiterar que en esta auditoría no hay dolo ni mala fe, y también comentar que las auditorías de desempeño están sujetas a un proceso muy riguroso de verificación, un proceso el cual está fundamentado en las normas y que eso permite dar certidumbre de que las auditorías están bien hechas. Soy un firme creyente y siempre he apoyado el debido proceso en todos los órganos federales, estatales e internacionales donde he trabajado, que esa es mi posición y se lo digo con toda sinceridad”, subrayó.

El pasado 20 de febrero, la ASF entregó los informes de la Cuenta Pública 2019, en donde se estimó que la cancelación del Aeropuerto de Texcoco sería de 331 mil millones de pesos; sin embargo, eso fue cuestionado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que Caso Raphael aceptó que hubo inconsistencias.

Ayer, el auditor Caso Raphael precisó que no acudía a defender a capa y espada a una cifra, sino a poner sobre la mesa las razones por las cuales se presentan con igual validez dos ópticas distintas y a explicar los procesos legales en los que habrán de ventilar estas diferencias, pero que no son verdades excluyentes o mentiras.

El auditor suspendido consideró que no es pertinente revelar una nueva cifra sobre el costo que tuvo la cancelación del aeropuerto de Texcoco, porque están en procesos muchas cotizaciones en la investigación y argumentó que hay un vacío legal sobre cómo se debe cuantificar la suspensión de una obra y que no es su intención imponer una cifra sobre otra.

Expuso que la ASF se apega al debido proceso y las metodologías, aun siendo distintas, no persiguen dolo, no hay mala fe, no hay error, lo que debe haber es seguimiento: “Sería una cuestión grave si en temas tan importantes de la República, con proyectos tan importantes, nosotros, que debemos velar por el buen desempeño o coadyuvar por el buen desempeño de la administración pública, actuáramos con mala fe o interés creado o partidista, lo digo con sinceridad”.

Incluso, ante la pregunta de una diputada de Morena, Caso Raphael explicó que su informe es consistente con la metodología utilizada, pero declinó revelar información sobre el comunicado nocturno del lunes 22 en el que aceptaba inconsistencias en los resultados debido a que esa parte de la auditoría está sujeta a una investigación.

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