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La Defensoría del Pueblo de Panamá solicitó a la Policía Nacional de ese país realizar cambios en la cárcel denominada La Chirola, en el distrito de Ancón, donde está recluido en proceso de extradición el ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, para que se garantice su “derecho a la dignidad, integridad y a la privacidad”.
Después de que a través de sus abogados, el ex priísta se quejó de que existen violaciones a sus derechos humanos, personal de la Oficina de Supervisión de Derechos Humanos de las Personas Privadas de la Libertad, realizó en octubre una visita de inspección a la llamada Celda.
La dependencia panameña constató que Borge Angulo se encuentra en uno de los calabozos de 4x4 metros cuadrados, sin puerta y con una colchoneta donde duerme.
“La puerta es de acero, pero con malla, lo que impide que tenga privacidad al momento de hacer uso del sanitario. Esta condición es violatoria al derecho, a la dignidad e intimidad del señor Borge”, subrayó en el informe DDP-RP-PRILI 45/17, cuya copia posee EL UNIVERSAL, remitido al abogado del ex mandatario, Arturo González Baso.
El órgano defensor de los derechos humanos señaló que el techo de la cárcel presenta goteras y poca ventilación, lo que puede dar “paso a la entrada de insectos, roedores, aves o murciélagos y lluvia”, y que el lugar destinado para entrevistas con los abogados mantiene una cámara de vigilancia en la parte superior que graba toda la entrevista, lo que viola el derecho a la privacidad.
Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo recomendó a las autoridades panameñas instalar una puerta en la celda que ocupa Borge Angulo, eliminar la cámara de vigilancia en el área de entrevistas entre abogados e internos, para garantizar la confidencialidad entre ambos.
Pidió garantizar la comunicación con sus familiares y su defensa, permitiéndole llamadas telefónicas periódicas y que pueda salir al patio.
“El señor Borge, quien estuvo 113 días recluido en el Centro de Rehabilitación El Renacer, mantenía una navaja de afeitar sin ningún problema, señaló que en La Chirola no se le permite mantener una por supuestamente medidas de seguridad, y a la fecha no se le ha permitido afeitarse”, indicó la dependencia.
La defensa del ex priísta interpuso una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) porque su cliente fue llevado a esa prisión sin “existir un oficio del Ministerio de Relaciones Exteriores”, que es la autoridad a las órdenes de quien se encuentra su representado.
Al ser entrevistado por el Mayor Joel Pérez, de la Defensoría del Pueblo, el ex gobernador afirmó que llevaba más de 30 días recluido en La Chirola y que “su traslado hacía ese lugar se dio porque supuestamente planeaba una fuga“, por lo que es considerado de alto peligro”.
Denunció que su “traslado se dio con la intención de forzarlo a realizar una aceptación de extradición simplificada, lo que sería aceptar una deportación y no una extradición, poniéndolo en una situación difícil, ya que el Estado mexicano podría formularle otros cargos”.
Dado que La Chirola no es un recinto carcelario que esté bajo la custodia del Sistema Penitenciario, la Defensoría del Pueblo de Panamá pidió al gobierno nacional utilizarla para casos excepcionales y evitar que la privación de libertad en ese espacio sea mayor a 30 días.
