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Washington.— El gobierno de Estados Unidos esgrimió, como argumento para retirar los cargos de narcotráfico y lavado de dinero contra el general Salvador Cienfuegos Zepeda, extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), “consideraciones delicadas e importantes en materia de política exterior” que, dijo, “pesan más que el interés del gobierno [de EU] de continuar con la acusación”.
La decisión de retirar los cargos se presentó ante la corte el pasado lunes 16 de noviembre, un día antes de su anuncio público.
La solicitud llegó poco después de que la jueza del caso, Carol Amon, pidiera explicaciones a los fiscales estadounidenses sobre por qué debería mantenerse el retiro de cargos bajo secreto, como se proponía.
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En ese documento, desclasificado ayer, al tiempo que el canciller mexicano Marcelo Ebrard daba una conferencia de prensa en la Ciudad de México para explicar lo sucedido, los fiscales estadounidenses informaban que había un acuerdo con Cienfuegos para que abandone “voluntariamente” Estados Unidos y sea “transportado rápidamente a México bajo custodia de los alguaciles de EU”.
Asimismo, el gobierno de Washington solicitó a la juez que su decisión sobre el retiro de cargos se “retenga” hasta la audiencia de este miércoles, y que la orden respectiva quede en suspenso hasta que Cienfuegos entre y sea liberado en territorio mexicano.
Cienfuegos está de acuerdo con la moción.
La decisión es un vuelco enorme al caso de quien fuera secretario de la Defensa Nacional en el sexenio de Enrique Peña Nieto, detenido en el aeropuerto de Los Ángeles, California, el 15 de octubre, y trasladado días después a Nueva York donde estaba su caso, acusado de cuatro delitos: tres de narcotráfico (producción, distribución e importación de heroína, cocaína, metanfetaminas y marihuana) y uno de lavado de dinero.
Ambos gobiernos justifican la decisión con la apertura de investigaciones de la parte mexicana tras el arresto de Cienfuegos, y se comprometen a compartir información y pruebas.
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Los fiscales estadounidenses vinculan al exsecretario de la Defensa Nacional, apodado El Padrino, con el Cártel H-2, grupo con orígenes en los Beltrán Leyva, con quienes se habría coludido para traficar miles de kilos de drogas a Estados Unidos.
“Gracias en gran parte por la asistencia corrupta del acusado, el Cártel H-2 llevó a cabo su actividad criminal sin interferencia significativa del Ejército Mexicano e importó miles de kilogramos de cocaína, heroína, metanfetaminas y marihuana hacia Estados Unidos”, escribieron los fiscales en su acusación formal, en octubre.
Gobierno no estaba informado
En el documento desclasificado ayer, por primera vez, el gobierno de Estados Unidos reconoce que su contraparte mexicana “no estaba al corriente de la acusación contra el acusado en el momento de su arresto” y señala que a partir de la detención México “estableció diálogo con funcionarios de Estados Unidos sobre los cargos pendientes” contra Cienfuegos.
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En ese diálogo, continúa, “Estados Unidos fue informado de que la FGR había iniciado su propia investigación sobre la presunta conducta del acusado”, lo que llevó a que se tomara la decisión de que se retiraran los cargos en la Unión Americana para que México pudiera proseguir con su investigación y “potencialmente enjuiciar al acusado bajo la ley mexicana por la presunta conducta en cuestión, que sucedió en México”.
Para este miércoles estaba prevista una audiencia judicial de situación del caso en Estados Unidos, que tras la noticia se convertirá en una sesión para informar a la juez Amon el nuevo rumbo.
Quedan en duda los siguientes pasos, como si el general Cienfuegos se mantendrá en prisión mientras espera una resolución del caso, o si se iniciará algún tipo de proceso de extradición.
