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Mientras que el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que las autoridades resuelvan el caso con libertad, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, afirmó que es inconstitucional la reforma que permite ampliar el periodo de Jaime Bonilla como gobernador de Baja California de dos a cinco años.
En la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el Presidente afirmó que los partidos que más protestan por el caso de ampliar el periodo fueron los que votaron a favor de cambiar la ley.
Al cuestionarle si se refiere al PAN, el Mandatario respondió que sí, pero dijo que no lo iba a mencionar.
—¿Fue el PAN?
—“Un partido, sí... [el PAN], ¿pero para qué lo mencionamos?”.
El Titular del Ejecutivo agregó que “hay denuncia sobre esto que se considera inapropiado o antidemocrático, para no decir ilegal, porque no olvidemos que fue el Congreso local de Baja California, legisladores de todos los partidos, incluso aquellos que están protestando más, quienes votaron para que se hiciera la modificación legal”.
En este caso sostuvo que la garantía es que la Presidencia de la República no se inmiscuye en estos asuntos, pues, afirmó, antes los del Instituto Electoral y el Tribunal Electoral recibían línea y otorgaban y quitaban candidaturas.
“La garantía que estamos dando es que la Presidencia de la República no se inmiscuye en estos asuntos, como [pasaba] antes. Que no se les olvide, porque antes —a veces no se refleja en los medios, por eso parezco disco rayado— los del Instituto Electoral, los del Tribunal Electoral recibían línea y otorgaban o quitaban candidaturas.
“Si había línea del Presidente, se otorgaban registros para partidos o se quitaba a candidatos que no eran convenientes para el régimen”, señaló.
Aclaró que ahora hay una gran diferencia, porque no hay injerencia del Ejecutivo federal.
“Además, ahora las autoridades están más vistas, la vida pública es más pública. Para decirlo coloquialmente, todas las autoridades están ‘lampareadas’, hasta el Presidente. Todos, nada de sigilo, nada de secreto, nada de acuerdos en lo oscurito y nada de silencio cómplice”, aseveró.
Más tarde, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que la reforma para ampliar la administración de Bonilla como gobernador de Baja California es inconstitucional.
“Voy a respetar lo que hizo el Congreso de Baja California, aunque en mi opinión, como ministra en retiro, te puedo decir que —[personalmente], no como [funcionaria pública]— por supuesto que es una reforma inconstitucional; sin embargo, como secretaria de Gobernación tengo que ser absolutamente respetuosa de lo que decide un Congreso local, de la opinión de los partidos que van a interponer un recurso y, por supuesto, de lo que resuelva en su momento la Suprema Corte”.
En entrevista con medios , luego de participar en un homenaje por el aniversario luctuoso de Benito Juárez en Palacio Nacional, Olga Sánchez Cordero aclaró que lo jurídica y políticamente correcto es la interposición de acciones de inconstitucionalidad.
“Lo jurídico y políticamente correcto es la interposición de acciones de inconstitucionalidad y medios de impugnación a través de las instancias del Estado. Tenemos que avanzar [en] construir un Estado de derecho”, ahondó.
Sostuvo que antes se acostumbraba entrometerse en los Congresos, en los partidos, en todas las instancias y poderes.
Por otra parte, Gustavo de Hoyos, presidente nacional de Coparmex, cuestionó en redes sociales que el Presidente no opine sobre lo sucedido en Baja California.
“La Ley Bonilla es el mayor escándalo político desde que López Obrador es Presidente”, recuerda. “El beneficiario es su amigo Jaime Bonilla [gobernador electo]; en Morena, su heredera, Yeidckol [Polevnsky], respalda la ampliación, y el subsecretario de Segob, Ricardo Peralta, sostiene su legalidad”, apuntó el líder empresarial.
