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justiciaysociedad@eluniversal.com.mx
Una Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), como la creada en 2006 en Guatemala por acuerdo de la ONU, sería de mucha utilidad en México para enfrentar la situación de violencia que le aqueja, considera el fiscal español Carlos Castresana, quien ayer fue distinguido con el doctorado Honoris Causa por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) de la PGR.
Castresana Fernández es conocido por haber logrado el procesamiento del ex presidente de Chile Augusto Pinochet por los delitos de genocidio, terrorismo y tortura, y del ex presidente de Guatemala Álvaro Colom. Sobre el planteamiento de amnistía que lanzó Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial por Morena, PT y Encuentro Social, Castresana asegura que el modelo de Colombia “puede resultar extraordinariamente útil para otros países que tienen situaciones parecidas y atraviesan por los mismos problemas.
“Después de 10 años, la presencia de la CICIG ha sido capaz de reducir el número de homicidios en 50%, puesto que se trata de una receta que sería de mucha utilidad en México”, afirma en entrevista con EL UNIVERSAL.
Castresana Fernández aclara que la amnistía o el indulto a integrantes de los grupos criminales en México es viable para dejar atrás el conflicto y que no haya impunidad.
“De ninguna manera representa impunidad para ninguno de los victimarios, ni siquiera los de nivel más inferior”, subraya el fiscal.
Advierte que la tarea pendiente en México es la implementación del aparato de justicia como adjudicador de controversias.
En México un candidato planteó la amnistía, un mecanismo utilizado por Colombia. ¿Qué opina?
—El tema de la jurisdicción especial en Colombia es muy complejo, es un modelo que puede resultar extraordinariamente útil para otros países que tienen situaciones parecidas y atraviesan por los mismos problemas.
El desafío para Colombia en interés de sus propios ciudadanos, y al rato también en interés de la comunidad internacional, es que ese modelo funcione.
Está en que los desafíos son tremendos; eso es, por ejemplo, asignar amnistía o indulto a participantes en el conflicto que no tengan crímenes, que están excluidos de la amnistía, y luego hacer funcionar el sistema de justicia restaurativa y asignar responsabilidades tanto a los que colaboren como a los que no colaboren.
¿Cómo considera la propuesta de Andrés Manuel López Obrador?
—Desconozco los detalles de la propuesta, pero en un contexto de justicia transicional, de un esfuerzo colectivo y de consenso, es viable para dejar atrás el conflicto, pero no dejarlo en la impunidad, sino ajustar cuentas con los responsables de los crímenes. Tampoco un perdón incondicional, porque eso no está justificado, sino que el que quiera ser favorecido con penas alternativas o con medidas de gracia tiene que reconocer su responsabilidad de colaborar en la investigación de los hechos.
¿Qué elementos debe contener en México?
—Se pueden plantear medidas de gracia para aquellos que reconozcan su responsabilidad y desvelen la completa verdad de los crímenes en los que participaron, lo cual además permitiría que aquellos que estaban en posiciones más altas en la cadena de mando sean hechos responsables y que ante un tribunal de justicia se depuren sus responsabilidades.
Ese es el contexto en el que se está trabajando, por ejemplo, en Colombia en el proceso de la Jurisdicción Especial para la Paz, donde se contempla la amnistía o el indulto para los que fueron meros ejecutores de órdenes recibidas de superiores. Algo así podría hacerse en México.
¿Podrían beneficiarse con la amnistía o indulto?
—O recibir, como se ha previsto en el caso colombiano, penas alternativas que no son privativas de libertad, sino que sean de justicia restaurativa tratando de reestablecer una reconciliación con las víctimas sobre la base del reconocimiento de la responsabilidad.
¿México está preparado?
—Si no está preparado puede prepararse. Tampoco estaba Colombia preparada hace unos años y ha sido todo un proceso, no solamente de las negociaciones de paz en La Habana, Cuba.
¿Esto disminuiría la violencia en el país?
—Efectivamente, porque eso implicaría la implementación de reparaciones para las víctimas y de medidas de no repetición respecto de los crímenes. De alguna manera, abrir el melón de las responsabilidades para que se reestablezca lo que se hizo mal y para que de alguna manera se proclame que eso no puede volver a producirse en el futuro.