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Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
, alertó a integrantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el posible colapso del sistema de protección migratorio debido a la cantidad de solicitudes de refugio que se han registrado en este 2019.
En una reunión con Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos , el ombudsperson aseveró que el sistema podría colapsar si México no cuenta con la infraestructura y el personal suficiente para atender todas las solicitudes de refugio.
Agregó que en la frontera sur hay estancias migratorias con sobrepoblación en las cuales se violan los derechos humanos de los extranjeros, además de la Guardia Nacional ha intensificado la contención de los migrantes.
De igual forma, resaltó que en la frontera norte los albergues están siendo saturados y no hay oportunidad de atender a todas las personas que son regresadas de Estados Unidos a la espera de que se resuelva su situación jurídica en ese país.
La reunión entre el presidente de la CNDH y Michelle Bachelet ocurrió en Ginebra, Suiza, en el contexto del 99 Periodo de Sesiones del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU.
En el diálogo González Pérez expresó que entre el 2018 y los primeros cinco meses del 2019 la cifra de personas presentadas ante el Instituto Nacional de Migración (INM) aumentó 41 por ciento.
Otros temas que fueron abordados por el ombudsman fueron las acciones de inconstitucionalidad presentadas contra las leyes reglamentarias de la Guardia Nacional; la recomendación 29/2019 de las estancias infantiles; las descalificaciones del gobierno federal ante este organismo; libertad de expresión y el mecanismo de protección para periodistas y defensores de derechos humanos, la situación del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
Además de reunirse con Michelle Bachelet y otras personalidades, el titular de la CNDH se presentó ante la ONU para denunciar la discriminación que sufren grupos minoritarios en el país, por ejemplo, pueblos y comunidades indígenas y personas afrodescendientes, los migrantes, la comunidad LGBTI y las mujeres.