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Diez años después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) emitió una sentencia para responsabilizar al Estado mexicano por la desaparición forzada del activista Rosendo Radilla , familiares de la víctima y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción y Derechos Humanos (CMDPDH) criticaron que hay nulos avances en el esclarecimiento del crimen, así como en la investigación de otras desapariciones ocurridas en la Guerra Sucia.
José Guevara, presidente ejecutivo de la CMDPDH, lamentó que el extravío de Rosendo Radilla , ocurrido en 1974, sigue impune por la “incapacidad” de las autoridades para investigar delitos cometidos hace décadas.
“El gobierno del presidente Calderón y Peña Nieto no hicieron lo que debían hacer para cumplir con la sentencia, podría decir que obstaculizaron la investigación, tenemos 45 años de la desaparición y no tenemos medidas decisivas, ejemplares de búsqueda y localización de don Rosendo y el resto de desaparecidos de la época”, lamentó José Guevara, presidente de la CMDPDH.
Criticó que no se tienen procesos penales abiertos contra quienes participaron en la desaparición del activista ni contra la cadena de mando, y agregó que “las autoridades que han hecho la búsqueda y localización (de Rosendo Radilla), no tienen la capacidad para hacer búsqueda de personas desaparecidas de larga data, no existen protocolos ni políticas adecuadas”.
En el evento, celebrado en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, también participó Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, quien refrendó el compromiso de la actual administración para esclarecer y enfrentar el problema de la desaparición forzada “de larga data y actual”.
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“Esta sin duda es la prioridad, la más importante, de este gobierno, así lo ha señalado Presidente de la Repùblica y evidentemente la resolución del caso Radilla es un referente fundamental para definir las políticas y los temas pendientes que tenemos en materia de personas desaparecidas”, expresó el funcionario.
Aseguró que el lento avance en las investigaciones de este caso es “una deuda històrica” para el gobierno federal. En su participación también recordó cómo Rosendo Radilla fue detenido en un retén militar acusado de componer corridos al líder comunitario Lucio Cabañas y después de eso ya no se supo nada más de él.
Al final de su presentación, consideró que uno de los pendientes más urgentes es garantizar que cuando se cometa un crimen donde participen militares, éste debe ser investigado por autoridades civiles, ya que de esa manera se podría asegurar el acceso a la justicia en casos más recientes, por ejemplo, Tlatlaya .
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