Los principales perpetradores de las desapariciones son agentes del Estado: policías municipales, estatales y también integrantes de las Fuerzas Armadas, refiere el informe preliminar que la Red de Enlaces Nacionales (REN) entregó al Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de las Naciones Unidas (ONU) en su primera visita a México.
“Estos agentes estatales son responsables de manera directa de muchas de las desapariciones por su propia acción, pero también por colusión con las organizaciones criminales; por omisión cuando las desapariciones ocurren frente a sus ojos sin que hagan nada y por aquiescencia cuando consienten y hasta encubren este tipo de delitos”, indica el informe, que contraría a la narrativa oficial que señala sólo al crimen organizado y particulares por las desapariciones.
Durante 15 días, diversos testimonios sobre desaparición forzada fueron presentados ante policías estatales y de 11 municipios de Morelos. Este ejercicio de la Sexta Brigada tiene el objetivo de replicarse en todos los estados y municipios de la República.
El plan inicial surgió de Juan Carlos Trujillo hace un año, en la Quinta Brigada Nacional de Búsqueda en Veracruz, al percibir la falta de sensibilidad y el desconocimiento que tienen los elementos de seguridad sobre el tema.
“Para nosotros como familias es fundamental poder encontrar a ese ser humano que nos ha sido arrebatado, pero nos hemos dado cuenta de la deshumanización. Los cuerpos policiacos tienden a ser la resistencia por su propia formación, pero la intención es que podemos tener una interacción de humano a humano.
La policía y las autoridades se han visto desacreditadas, la sociedad no cree en ellos y la policía no cree en la comunidad”, dice Juan Carlos Trujillo Herrera, del colectivo Familiares en Búsqueda, de María Herrera.
La madre de los Trujillo, María Herrera, ha expuesto su caso ante policías estatales y municipales: “Formamos parte de esta brigada, pero somos madres que tenemos una vida totalmente deshecha. Nosotras seguimos luchando y hemos salido a darle cauce digno a este dolor. Para mí no es nada fácil estar frente a un policía, pero en este andar hemos aprendido a perdonar, pero es un perdón a medias. Es muy difícil para nosotros hacer este trabajo de sensibilización cuando los que desaparecieron a nuestros hijos fueron policías, pero bien sabemos que dentro de ese uniforme hay humanidad”.
El arresto, la detención o cualquier forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o de personas que actúan con el apoyo o el consentimiento de él; ese abuso de autoridad, para después negar el hecho, es desaparición forzada, y así lo señala la Convención contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En lo que va del año, el mayor índice de este tipo de privación de la libertad ocurrió en junio, con 20 casos. El mes previo y el mes siguiente compartieron cifra: 14 víctimas cada uno.
Información recabada por el colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (FUNDEM) identificó en 2013, de 433 víctimas registradas, 39 desapariciones cometidas por agentes estatales, y se desconoce la autoría en 196 casos.
En Coahuila, los colectivos han documentado más de 100 casos perpetrados por las distintas corporaciones policiacas del estado, como el Grupo de Armas y Tácticas Especiales en la administración del exgobernador Rubén Moreira Valdés.
“En su momento yo les perdí la fe y la confianza a la humanidad, no sólo a los policías. Culpé a todos por su indiferencia y apatía, pero las cosas cambiaron al voltear a ver a otras madres y padres que buscan a sus desaparecidos.
“Las autoridades no pueden imaginar lo que se vive ante la desaparición de un ser querido, para quienes no lo viven, por eso buscamos tocarles el corazón a las personas, no a los uniformes”, comenta María Luisa Núñez Barojas, quien busca a su hijo Juan de Dios, desaparecido desde 2017 en Puebla.
La Red de Enlaces Nacionales solicita a nombre de los colectivos acciones que tiendan hacia el fortalecimiento institucional y no simplemente hacia un mayor número de elementos de seguridad, y propone que se dé seguimiento y apoyo para la sensibilización y capacitación de servidores públicos, así como una comunicación efectiva interinstitucional y una mayor inversión al sistema de búsqueda en todos los niveles de gobierno.
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