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Al año ocurren 60 mil accidentes en motocicleta y, a la par, la fatalidad aumenta en 10%, por lo que urge limitar el crecimiento desordenado del uso de este vehículo e intervenir estructuralmente con inversión en transporte público para reducir la dependencia de unidades motorizadas individuales, alertaron expertos en movilidad.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), las principales faltas que ponen en peligro a los motociclistas, peatones y otros conductores por el uso de estos vehículos son no usar casco certificado, llevar más pasajeros de los permitidos, carecer de licencia o placas, y circular por carriles exclusivos.
La velocidad es el principal factor que agrava los accidentes viales y la ausencia de infraestructura urbana que permita regularla, como fotocámaras u operativos efectivos, contribuye al incremento en el índice de siniestros, motivo que refuerza la necesidad de una campaña de colaboración institucional que fomente sanciones económicas y cívicas para modificar comportamientos.
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“El aumento de incidentes y muertes viales por moto tiene que ver, primero, por la falta de control de velocidad en las ciudades, vialidades y carreteras federales. También por la falta de inversión en transporte público. Está comprobado que mientras las ciudades inviertan más en transporte público, menos viajes en motocicleta se harán, porque es la manera que tienen las personas de resolver la problemática ante un sistema inexistente o deficiente y prefieren ahorrar para comprarse su moto, que es accesible a comparación de un coche”, detalló a EL UNIVERSAL Laura Ballesteros, diputada federal experta en movilidad.
Tan sólo en la capital del país, en 2023, la SSC impuso 142 mil 533 infracciones a motociclistas por motivos que comprometen su propia seguridad.
La dependencia reportó que, entre agosto de 2023 y enero de 2024, se aplicaron 15 mil 627 sanciones por el uso de casco inadecuado.
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De enero a noviembre de 2024 fueron remitidas al corralón 77 mil 66 motocicletas, a un ritmo de más de 230 diarias. Para 2025, los operativos se reforzaron con radares móviles para sancionar el exceso de velocidad y multas; sin embargo, las faltas siguen ocurriendo.
Ballesteros alertó que los incidentes también aumentaron por el lanzamiento de servicios de traslado por aplicación en moto que operan sin garantías de seguridad ni supervisión del Estado, lo que representa un riesgo público.
Consideró que es necesario que se prohíba o regule con urgencia este tipo de transporte en moto por app, ya que no garantiza que los conductores estén capacitados, que se use casco o que se respete el reglamento vial.
“Coincido con la Presidenta, con la prioridad que tiene el poner la lupa sobre las muertes viales por hechos de tránsito por motocicleta. Se ha venido advirtiendo desde los últimos seis o siete años el aumento indiscriminado que han tenido.
“Sin embargo, creo que no sólo es un tema de salud pública, pues es necesario involucrar a instancias como Sedatu, que tiene mucho que hacer desde los manuales de calles seguras y a gobiernos locales, dado que los reglamentos de tránsito son de carácter estatal y municipal”.
Cifras del último reporte de la Secretaría de Salud sobre el tema indican que, a nivel nacional, en 2023 se registraron 2 mil 878 muertes de motociclistas. Ese mismo año hubo 21 mil 557 egresos hospitalarios por accidentes en moto.
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Por su parte, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) expone que el parque vehicular de motocicletas también creció de forma acelerada, al pasar de 7.8 % a 13 % del total de vehículos en circulación entre 2018 y 2023.
Pese a que el Gobierno de la Ciudad de México, una de las entidades en donde se utilizan más motocicletas, instaló radares para monitorear infractores en tiempo real y reforzó la obligatoriedad del uso de cascos certificados, el Inegi reporta que sólo 58 % de conductores los utiliza.
Ballesteros recordó que, de 2015 a 2018, en la Ciudad de México las muertes viales disminuyeron hasta 45 % gracias a una estrategia integral de control, visión cero y sanciones cívicas.
Por ello, concluyó que “lo ideal es que se haga una combinación de estrategias, de multas con fotocámaras para inhibir las conductas. No se trata de cobrarle más a la gente, se trata que sepa que si lo hace le va a costar dinero y entonces por eso ya no lo hace. Son conductas inhibitorias, no recaudatorias”.
Ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que su equipo trabaja en una campaña nacional sobre normas y multas sobre el uso de la motocicleta ante la cantidad de accidentes que se registran: “No se trata de prohibir la moto, sino primero de cuáles son las normas para usar la motocicleta, y segundo, qué multas habría si no se usa de esa manera”, aclaró.
