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El Plan B de Reforma Electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador se perfila para ser la reforma electoral más impugnada en la historia, señala un estudio del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República.
El documento titulado “Aspectos del proceso legislativo de la Reforma Electoral (Plan B)”, elaborado por el investigador César Alejandro Giles Navarro, apunta que hasta el 1 de febrero pasado se habían presentado contra la reforma un juicio de amparo, cuatro acciones de inconstitucionalidad por parte de partidos políticos de oposición y diversos legisladores, además de una controversia constitucional interpuesta por el Instituto Nacional Electoral (INE).
Aunado a lo anterior, se espera que el paquete de reformas relativo a las normas electorales, que será retomado por el Congreso en la semana que inicia, motive un mayor número de acciones jurídicas y sociales.
Esto, luego de que todos los actores que promovieron acciones de inconstitucionalidad contra la reforma en materia de propaganda gubernamental ya anunciaron que harán lo mismo con las reformas a normas electorales que tocan la estructura y funcionamiento del INE.
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La investigación del IBD identifica que los actores inconformes con la reforma señalan principalmente violaciones al proceso legislativo y argumentan que las modificaciones propuestas ocasionarían el debilitamiento del INE, inequidad en las contiendas por la intervención de servidores públicos y que ponen en riesgo la organización del proceso electoral de 2024.
Retoman argumentos a favor del Plan B de AMLO
Por otro lado, el estudio recupera algunos de los argumentos del gobierno y sus bancadas en el Congreso a favor del Plan B, entre los que destacan aspectos como la austeridad que generaría un ahorro superior a los 3 mil millones de pesos en los procesos electorales.
El estudio del IBD considera que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deberá resolver los recursos antes de junio de este año para preservar la certidumbre del proceso electoral de 2024.
Cabe apuntar que para invalidar el Plan B se requiere el voto de una mayoría calificada del pleno de la Corte, es decir, de ocho de los 11 ministros.
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asf
