Como parte del llamado plan B de Morena en materia electoral, su grupo parlamentario ya tiene en la mesa 30 iniciativas de reformas legales, entre las que destacan prohibir a los consejeros, una vez que dejan el cargo, contender durante 10 años por puestos públicos ni en tres años trabajar en otros órganos electorales. También proponen quitar a la autoridad electoral la facultad de sancionar a legisladores que promuevan campañas.
Mediante la modificación a seis leyes, se pretende asimismo recortar direcciones ejecutivas del Instituto Nacional Electoral (INE); sustituir la figura de resto mayor por la de primera minoría para la asignación de las diputaciones plurinominales y reducir el porcentaje de participación para que las consultas ciudadanas sean vinculantes, así como obligar a la instalación del mismo número de casillas que el instalado en un proceso ordinario.
Previamente a la dictaminación de la reforma electoral, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y de Reforma Política-Electoral ya cuentan con un compendio de 108 iniciativas.
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El análisis, en poder de EL UNIVERSAL, señala que de ese total, 51 propuestas son de reformas constitucionales que han sido presentadas por todos los grupos parlamentarios, mientras que 57 son iniciativas para modificaciones a leyes secundarias.
Este miércoles 23 de noviembre comenzará a circular el dictamen de reforma constitucional en materia electoral que contendrá, en su mayoría, las propuestas del presidente Andrés Manuel López Obrador para acotar la autonomía del INE; sin embargo, debido de la posibilidad de que sea rechazada en el pleno, Morena trabaja en su plan B, del que ya se plantearon 30 propuestas.
De este modo, los diversos planteamientos de la bancada guinda buscan reformar seis leyes; las generales de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral (LGSMIME), en Materia de Delitos Electorales (LGMDE) y de Partidos Políticos (LGPP), así como las leyes federales de Consulta Popular (LFCP) y de Revocación de Mandato (LFRM).
Entre las iniciativas con que prevé nutrir el plan B, se encuentra una propuesta que obliga a acreditar conocimientos en materia electoral para ocupar una consejería del INE.
“Los consejeros electorales deberán demostrar de manera documental, y a través de exámenes, que cuentan con conocimientos electorales para el desempeño de sus funciones”.
También se plantea la sustitución de la figura de resto mayor por la de primera minoría para la asignación de las diputaciones plurinominales restantes.
Lo anterior permitiría elegir como diputados plurinominales a las dos primeras minorías de cada circunscripción, “cuando aún hubiese curules, después de realizada la distribución entre los grupos parlamentarios”.
Otra de las propuestas busca quitar al INE la facultad de sancionar a legisladores que promuevan campañas electorales.
“Durante los tiempos de campañas electorales federales y locales, las opiniones públicas que manifiesten los diputados y senadores en el desempeño de sus cargos no serán consideradas propaganda”, propone.
Entre los planteamientos con los que se está conformando el plan B de Morena, también destaca una propuesta para reducir la estructura orgánica del INE, que permitiría recortar direcciones ejecutivas y unidades técnicas del órgano electoral que hayan sido creadas por ley.
Actualmente, el INE cuenta con 16 direcciones ejecutivas y unidades técnicas, entre las que destacan la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica y Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, así como la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, Unidad Técnica de Fiscalización y la Coordinación de Asuntos Internacionales, entre otras.
En esta propuesta, aún se analizan cuáles de ellas fueron creadas por ley, que serían las susceptibles de desaparecer.
Asimismo, se puso sobre la mesa una reforma legal para que los partidos tengan la obligación de informar y fomentar entre la ciudadanía “el ejercicio de los mecanismos de participación ciudadana”, además de reducir el porcentaje de participación a 35% para hacer vinculatorio el resultado de la consulta popular, el cual actualmente es de 40%.
La propuesta también señala que las instalaciones del INE podrán ser utilizadas para la promoción y discusión de la consulta popular y que la autoridad electoral deberá garantizar la misma cantidad de casillas a instalar en la consulta popular que en un proceso electoral ordinario.
Adicionalmente, está a consideración una reforma legal para castigar la compra de votos, no sólo a quien compra, sino también a quien vende.
“Actualizar las sanciones a quienes comprometan su voto en favor de un determinado partido político o candidato a cambio de paga, dádiva, promesa de dinero u otra recompensa y a quienes organicen reuniones o medios de transporte de votantes el día de la jornada electoral, con la finalidad de influir en el sentido del voto”. Además, pretende obligar al INE a proporcionar transporte para ciudadanos que vivan en zonas de alta o muy alta marginación, que deseen ir a votar y que vivan lejos de su casilla.
Otras propuestas que pueden ser integradas a dictamen en el plan B son sanciones a quienes falsifiquen comprobación de gastos, voto electrónico, paridad de género y cuotas en favor de grupos vulnerables, entre otras.
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