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Ahora, luego de oír en el Metrobús un anuncio del gobierno, animada por su hija y una de sus empleadoras, Bautista quiere afiliarse al Programa Piloto de Incorporación a Personas Trabajadoras del Hogar al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y tener seguridad médica, pero se enfrenta a una serie de dificultades que se lo impiden.
“Seis días a la semana trabajo con cuatro patronas, la mayoría son de la misma familia y con una llevó 16 años; sin embargo, nadie me ha hablado del programa. Yo pienso decirles que me incorporen, pero me da miedo”, se lamenta.
De acuerdo con datos públicos, en los cuatro primeros meses del programa piloto, que arrancó de abril de 2019 hasta julio, se han incorporado 6 mil 600 trabajadoras al IMSS, de un universo total de 2 millones 300 mil personas, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Esto supone mil 650 trabajadoras cada mes.
El documento Seguridad social para personas trabajadoras del hogar en México: una propuesta, elaborado por la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS), analiza los casos de Argentina, Brasil, Chile, Ecuador y Uruguay.
Estos cinco países comparten, además de pertenecer a Latinoamérica, tener programas exitosos de incorporación de trabajadoras del hogar a sus sistemas de salud: registran entre 40% y 70% de afiliación.
De seguir al ritmo actual, en México se alcanzaría 5% de afiliación para el final del sexenio, lejos del porcentaje entre 30% y 40% que el CISS considera adecuado.
Anuncia que pretenden convertirlo en un programa con todo lo que estipula la ley en cuatro meses, casi un año antes de lo previsto. Esto haría que ya fuera completamente obligatorio incorporar a este tipo de trabajadoras al Seguro Social.
Sin embargo, expertos consultados de la CISS y fuentes del gobierno creen que este crecimiento es insuficiente para alcanzar un número óptimo al final del sexenio.
También señalaron que algunos fallos en el diseño frenan el programa, como dejar caer toda la responsabilidad sobre las trabajadoras domésticas, que en el actual esquema son las encargadas de darse de alta y recaudar la cuota entre sus empleadores, así como la falta de compromiso por parte del Ejecutivo y de una campaña mediática fuerte.
“Ahora tenemos registradas 6 mil 631 personas en el programa piloto. Pensamos que es un número positivo, ya que en el anterior esquema voluntario, tras 20 años, la cifra sólo era de 3 mil 500, porque no era atractivo”, explica López Castañeda.
Renata Turrent Hegewisch, investigadora de la CISS, es menos optimista: “Son 2 millones 300 mil trabajadoras del hogar. Vemos como objetivo entre 30% y 40% de incorporación al final del sexenio. A este ritmo no llegamos ni a 10%”.
Cuestionada al respecto, la directora de Incorporación y Recaudación contesta: “Pues ya veremos. Creo que nos deberían dar la oportunidad de evaluar el programa y sus problemas. México sentará un precedente.
“El programa piloto arroja datos muy importantes: la mayoría de las trabajadoras tienen entre 40 y 60 años. Eso nos dice que muchas, al dejar de laborar en un empleo formal, se incorporan al trabajo en el hogar. Luego, 20% son hombres y el resto mujeres. También hemos visto que 90% de las personas que se apuntan llegan a hacer efectivos sus pagos”, argumenta.
En cuatro meses, casi un año antes de lo esperado, confían tener suficiente información estadística para quitarle el apodo de “proyecto piloto” y convertirlo en un programa definitivo.
“Por ejemplo, el programa de prepago funciona muy bien, así no hay que fiscalizar ni hay mora si la gente no paga. Vamos a mejorar para que se cotice por día trabajado (...) pero no tiene sentido anunciar ahora esos cambios”, dice López Castañeda.
Hacia la regulación laboral
En diciembre de 2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un fallo en el que declaró inconstitucional que las empleadoras no estén obligadas a inscribir en el IMSS a las trabajadoras domésticas.
La promotora de ese amparo fue María Rosario G. G., de 80 años, quien luego de su despido exigió judicialmente todos los derechos que le correspondían, como indemnización, pago de salarios caídos, prima vacacional y aguinaldo.
La Corte dictaminó que el IMSS debía implementar un programa piloto en el primer semestre de 2019 y luego presentar, en menos de tres años, una propuesta legislativa al Congreso para diseñar y poner en marcha un régimen especial para las trabajadoras del hogar, que contemplara un registro obligatorio y tuviera en cuenta las particularidades de este tipo de trabajo.
Turrent Hegewisch ve varias fallas por las que se atreve a decir que el programa ha sido abandonado y debería ser replanteado desde el inicio: “No se ha dado seguimiento a los foros entre trabajadoras, empleadoras y funcionarios del IMSS, de donde salían ideas“
“Luego no creemos que la campaña mediática es lo suficientemente fuerte y comprometida en hacer entender a los empleadores que no son generosos, sino solamente cumplen sus obligaciones”, explica.
Señala que desde su organismo, en el que han impulsado estas regulaciones, no ven que se haga caso a los problemas de implementación: “La plataforma es difícil de manejar y se espera que sea la trabajadora quien haga todas las inscripciones y que convenza a sus empleadores. No se tiene en cuenta la brecha tecnológica que hay entre las trabajadoras del hogar ni las dinámicas de poder que se dan con sus empleadoras”.
Proponen, entre otras medidas, cambiar el sueldo base para acceder a las prestaciones y que sea de 3 mil pesos, que las reglas estén muy claras y no dejen toda la responsabilidad a la trabajadora, realizar una campaña de concienciación fuerte y dirigida desde el Poder Ejecutivo, e indispensable que haya mecanismos claros de fiscalización, ya que, “por buena voluntad, los empleadores no van a pagar la seguridad social”.
Dinámicas de poder
La trabajadora María Luisa Bautista aún recuerda cuando se quiso apuntar al Seguro Popular y no pudo por una razón: el miedo a quedarse sin empleo.
“No pude acudir a las oficinas, ya que me suponía perder mucho tiempo y en la mayoría de las casas donde trabajo se enfadarían si falto. La verdad no sé qué podría pasar si pido que me incorporen al IMSS, puede que esto no les convenga [a las empleadoras]. Creo que deberían haber sido ellas las que me lo quisieran dar, sin pedirlo”, señala.
El documento de la CISS reflexiona sobre el miedo que Bautista siente: “La base es la confianza de la empleadora en la trabajadora, implica abrir las puertas de la intimidad a otra persona externa a la familia.
“El problema es que esa misma confianza y la dinámica del hogar, nublan el entendimiento de las obligaciones patronales, al grado de confundir derechos, como el acceso a la salud, la seguridad social y el trato digno, con actos de buena voluntad”, precisa.
Este tipo de dinámicas de poder y su potencial discriminatorio puede verse en el estudio Condiciones laborales de las trabajadoras domésticas, publicado en 2018 por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred): 14% de las encuestadas fue maltratada verbalmente; 12% fue llamado “gata” o chacha”; a 16% le revisaron sus pertenencias y 7% señaló maltrato físico.
De acuerdo con la ley actual, ya es obligatorio que los empleadores den de alta en el IMSS a sus trabajadores del hogar, pero un artículo transitorio marca que se hará efectivo seis meses después de la finalización del programa piloto.
“En esta etapa de transición vemos que la sociedad civil está muy organizada en empoderar este sector, para que los patrones reconozcan sus obligaciones. Esto sería ‘la mano izquierda’.
“Si esto no ocurre, habrá revisiones y serán casos ejemplares que lleven a entender que el incumplimiento de la ley tiene consecuencias graves”, explica López Castañeda.
Anuncia que van a abrir un canal de denuncias para que las empleadas puedan delatar a los patrones que no cumplan y no les den la cobertura obligada por ley en invalidez y vida, riesgos de trabajo, maternidad, guardería, enfermedades, retiro y vejez.
Cuando a María Luisa Bautista se le pregunta qué quiere hacer cuando se jubile, habla de dejar Nezahualcóyotl, donde vive, e irse al rancho de su familia en Puebla, “lejos de tanta delincuencia”, en un lugar escondido, donde quiere construirse una casa y poner un negocio, “quizá una tortillería, ahí se siguen haciendo a mano y mi padre me enseñó a plantar”. La posibilidad de cobrar una pensión no sale de sus labios.
