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Vidulfo Rosales, abogado y vocero de los familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, exigió al gobierno federal buscar la forma de extraer de Israel a Tomás Zerón de Lucio, extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), para que responda en México por las acusaciones que tiene en este caso.
En reunión con medios después de haberse reunido con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional para hacer un balance de los avances del caso, el abogado reconoció que la detención de Zerón es un tema complicado.
“Es complicado porque no hay tratado de extradición. Ahí lo que se tiene que buscar es que el gobierno federal trabaje para ver cómo lo expulsa del país”, dijo.
Según la ficha roja emitida en marzo por la Interpol para su localización y detención, el exmando policiaco “presenció y toleró la tortura de detenidos para integrar” la investigación por el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, cuando estuvo al frente de la AIC de la entonces Procuraduría General de la República (PGR).
Vidulfo Rosales detalló que de las 80 órdenes de aprehensión libradas aún falta por ejecutar alrededor de 40, e informó que entre las detenciones más relevantes está la del capitán José Martínez Crespo, el único militar detenido por este caso.
“Nos hacen recuento de más o menos 80 órdenes de aprehensión liberadas; de esas, alrededor de 40 o 50 ejecutadas. Dentro de las ejecuciones más relevantes figuran la del capitán Martínez Crespo, la de El Mochomo, la de Carlos Gómez Arrieta, la de un abogado del grupo criminal Guerreros Unidos y de una ministerio público federal que habría participado en la llamada verdad histórica”, dijo.
Detalló que la imputación al capitán Martínez Crespo es por delincuencia organizada, pero se busca que se le acuse por desaparición forzada “como un elemento que pueda vincularlo directamente con el caso Ayotzinapa”.
Vidulfo Rosales señaló que el militar estuvo presente en varios escenarios de agresión y que “él conoció perfectamente lo que estaba sucediendo con los estudiantes, supo de la agresión y omitió tomar medidas al respecto.
“Él tuvo conocimiento perfectamente, él tuvo en sus manos acervo probatorio que no lo aportó a la fiscalía, tuvo en sus manos el conocimiento de lo que estaba pasando con los estudiantes y soslayó tomar medidas al respecto. Se trabaja en eso para que pueda haber una imputación en ese respecto”, dijo.
El abogado informó que la siguiente reunión con el presidente López Obrador se realizará en el mes de enero del próximo año.
Aparte, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, agregó que el gobierno federal analiza las aportaciones que han hecho testigos, tanto de colaboración “como de otros testigos que están haciendo llegar información a la comisión, y esperemos seguir avanzando hasta tener resultados muy puntuales y concretos”.
