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Representantes de la sociedad civil en materia de lucha contra la discriminación, académicos y artistas lanzaron un llamado al Estado mexicano a revertir las prácticas que atentan contra los derechos fundamentales de los trabajadores del hogar.
En una carta dirigida a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) consideraron que el proyecto en el que se propone declarar constitucional que los patrones no estén obligados a inscribir en el Seguro Social a sus trabajadores domésticos, elude la situación de desventaja que vive este sector de la población.
“La SCJN elude la situación de desventaja en la que objetivamente se encuentra este grupo de trabajadoras dada su condición socioeconómica y la naturaleza irregular de la relación laboral, producto de nuestras leyes federales. Con ello, legitima la permanencia de un orden jurídico que obstaculiza su acceso a una vida digna”, indica el documento.
“Juzgamos desalentador que determine que el régimen voluntario de seguridad social cumple con los estándares constitucionales y convencionales del derecho humano a la seguridad social, cuando éste las excluye del acceso a prestaciones fundamentales, como guarderías, y deja a voluntad del empleador el otorgar o no la inscripción”.
Señalaron que en el Poder Ejecutivo existe una negativa o dilación inexplicable a enviar el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo al Senado para su ratificación, lo que “revela la falta de voluntad política para sentar las condiciones de igualdad necesarias para combatir las graves prácticas discriminatorias hacia las trabajadoras del hogar”.
Además, observaron que en el Poder Legislativo también existe una dilación para reformar la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social.
En su carta, los más de 100 firmantes, entre los que se encuentran Rubén Aguilar, Maite Azuela, María Elena Morera, la representante de UNICEF en México, Isabel Crowley; el escritor Juan Villoro; el director de De la Calle, Julio Madrazo; el investigador del CIDE, Mauricio Merino Huerta; el columnista de EL UNIVERSAL, Ricardo Raphael; así como las actrices Regina Orozco y Susana Zabaleta, precisaron que existen 2.4 millones de trabajadores del hogar, quienes han recibido un trato discriminatorio por parte del Estado mexicano al negarse a avanzar en el reconocimiento de sus derechos laborales.
El proyecto de la Corte fue realizado por el ministro Alberto Pérez Dayán, quien prevé declarar que los patrones de los empleados domésticos están obligados a pagar por los riesgos de trabajo y enfermedades de éstos.
