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El grupo parlamentario del PAN impulsa una iniciativa para establecer que las autoridades educativas estén obligadas a diseñar e implementar programas de seguridad y prevención que incluyan la instalación de botones de pánico en los planteles escolares.
La propuesta del diputado Paulo Gonzalo Martínez López incluye, además, la obligación del Estado en la distribución de dispositivos de alerta personal para estudiantes y la coordinación con los cuerpos de seguridad pública para garantizar una respuesta inmediata ante cualquier situación de riesgo.
El proyecto que adiciona la fracción X al artículo 74 de la Ley General de Educación, fue turnada a la Comisión de Educación para su estudio y dictamen. Considera que es necesario implementar dichos programas para fortalecer la cultura de la paz y la no violencia, además de proteger la integridad física y emocional de la comunidad estudiantil.
Precisa en los transitorios que, a partir de la entrada en vigor del decreto, la Secretaría de Educación Pública, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de las Mujeres, deberán emitir, en un plazo no mayor a 180 días naturales, las disposiciones necesarias para la aplicación de la reforma.
En la exposición de motivos, Martínez López explica que la violencia de género es una de las problemáticas más graves que enfrenta el país.
“Cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) señalan que en 2023, siete de cada 10 mujeres en México sufrieron algún tipo de violencia a lo largo de su vida”, señala el documento.
Destaca que los entornos escolares y universitarios no están exentos de esta problemática: “La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior ha documentado que seis de cada 10 alumnas universitarias han sufrido acoso o violencia de género, mientras que el Observatorio Nacional sobre Violencia de Género en Educación Superior señala que la falta de mecanismos de protección incrementa la vulnerabilidad de las estudiantes”.
Datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) indican que en México residen más de 38 millones de niñas, niños y adolescentes, y que 63 % sufre agresiones físicas y sicológicas como parte de su formación.
Señala también que en el mundo esas poblaciones se encuentran expuestas a diversas formas de violencia de manera diferenciada a lo largo de su vida y en los múltiples contextos en los que se desenvuelven: escuela, comunidad, instituciones de cuidado, incluso en el hogar.
En tanto, la Organización de las Naciones Unidas expone que en nuestro país los casos de agresión son difícilmente denunciados, ya sea por temor al agresor, exposición pública, estigmatización, desconfianza en las autoridades, desconocimiento de los derechos o por la ausencia de mecanismos disponibles y accesibles para reportar y pedir ayuda.
