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Alrededor de mil 100 jueces y magistrados de Circuito solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que de manera urgente ejerza sus atribuciones derivadas del artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos para evitar la reforma judicial.
En conferencia de prensa, el magistrado José Manuel Torres dijo que esta reforma apunta hacia un golpe de Estado enmascarado bajo un discurso democratizador, que en realidad persigue la concentración total del poder que anula los principios esenciales de la democracia misma: el poder democrático limitado y limitable.
“Con responsabilidad hacemos ver a esa Comisión, que en este momento ya se ha dado el primer paso en esa dirección, semanas de supuestos diálogos, sólo simulados que dieron lugar a un dictamen, agendado para discutirse en la Cámara de Diputados.
“Que incluso exacerba la intentona golpista y deja todavía más en claro que no hay, en lo absoluto, ninguna preocupación por mejorar la justicia en México”, detalló.
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El magistrado resaltó que no les interesan los derechos de las personas, sólo quieren concentrar todo el poder.
Agregó que están en la víspera del siguiente paso la anunciada aprobación de la supuesta reforma para deshacerse de quienes por su actuar independiente, como jueces sustentados en su capacidad técnica, producto de la carrera judicial y alejados de los intereses ajenos a cada caso, especialmente políticos, han sido freno a sus abusos de poder pretenden designar a jueces de control constitucional por elección popular.
Esto, mediante un mecanismo tan arbitrario como aleatorio que les garantice sumisión.
“No quieren jueces que limiten las arbitrariedades, quieren personas que simulen ser jueces y que avalen todas las acciones de los gobernantes en turno, pretenden un modelo de acceso que garantice lealtad al partido en el poder en lugar de lealtad a los derechos de las personas.
“Esta petición que hacemos a la Comisión se sustenta en los estándares internacionales, entre ellos que el cese masivo de personas juzgado es un acto ilícito internacional por ser un claro atentado contra múltiples derechos humanos y muy especialmente contra el acceso a la justicia, la protección judicial y las garantías judiciales”, subrayó.
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