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Organizaciones sociales pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador indultar a militares presos injustamente durante la lucha contra el narcotráfico.
Actualmente, hay alrededor de 700 elementos del Ejército encarcelados en el país, la mayoría de ellos con “causas plagadas de errores procesales y faltas graves a los derechos humanos”, acusaron el Colectivo Rompiendo Cadenas y el movimiento #YoSoy26.
Anunciaron que hoy realizarán un mitin frente a Palacio Nacional, en el Zócalo capitalino, para solicitar al Ejecutivo federal que en su propuesta de amnistía enviada a la Cámara de Diputados, en septiembre pasado, se incluya un apartado para militares y una Comisión de la Verdad para que sus casos sean revisados, ya que “la mayoría lleva 12 años en prisión preventiva aún sin sentencia”.
“[Solicitamos que] se considere la figura del indulto a los militares sentenciados en procesos irregulares, asimismo, que se considere la absolución total y la reparación del daño por prisión injusta”, señalaron las organizaciones.
También exigieron que los militares reclusos en prisiones civiles sean trasladados al Campo Militar No. 1, porque “se encuentra en riesgo su integridad física y no se les permite leer sus expedientes para ejercer su adecuada defensa, por lo que están violando sus derechos humanos”.
El Colectivo Rompiendo Cadenas y el movimiento #YoSoy26 acusaron que el código de guerra se aplica en tiempos de paz y “deja en la indefensión a los militares en ejercicio de sus funciones”.
Entre los encarcelados se encuentran el mayor Alejandro Rojas Cobón, el sargento Alberto Alvarado Vázquez y el cabo Gabriel Roque Bernardino, quienes formaron parte del llamado Pelotón de la Muerte de Ojinaga, Chihuahua, al mando del entonces comandante de Guarnición, el general Manuel de Jesús Moreno, preso por ordenar abusos contra la población.
Se trata de la Tercera Compañía de Infantería No Encuadrada (CINE) acusada de siete homicidios, tortura y robo entre 2008 y 2009 en dicho municipio fronterizo con Texas, Estados Unidos, en el marco de la operación conjunta contra el narcotráfico ordenada por el expresidente, Felipe Calderón.
Lo que ellos piden es poderse defender de las acusaciones.
El caso Ojinaga permaneció sólo tres años en el fuero militar, ya que los inculpados obtuvieron un amparo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para trasladarlo al ámbito civil bajo el argumento de que esos jueces “actuarían con imparcialidad y no por consigna”.
Procesar a militares en juzgados civiles es una de las peticiones centrales de muchos organismos ciudadanos de defensa de los derechos humanos. En el caso Ojinaga así se hizo, pero la inoperancia de la justicia parece prevalecer.
Desde enero de 2012 el caso es desahogado en los juzgados Segundo y Décimo de Distrito en la ciudad de Chihuahua.
