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La Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ejerza su facultad de atracción del juicio de amparo, sobre el que recayó una suspensión definitiva en mayo pasado que obligaba a la Secretaría de Educación Pública a suspender la elaboración de los libros de texto gratuitos (LTG), por no estar sujetos a un programa de estudios y haber incumplido la Ley en su edición y distribución.
En un posicionamiento, el organismo resaltó que esta medida está sustentada en los desacatos en los que incurrió la SEP, frente a la suspensión otorgada por el Poder Judicial a la UNPF, y en la relevancia nacional que tiene el caso. La demanda de amparo indirecto fue presentada en marzo.
El organismo detalló que existe una ausencia de programas de estudio y la omisión de procedimientos establecidos en la Ley General de Educación (LGE), incluyendo la consulta previa requerida, tanto por la Constitución como por la referida ley.
Indicó que la omisión afecta no sólo la impresión de libros, también la formación del personal docente, con consecuencias directas en el desarrollo diario de los educadores frente al aula.
La UNPF subrayó que la suspensión que obtuvo la organización está fundada en el interés que tienen los padres de familia por la educación de sus hijos.
También en la necesidad de atender los retos que tiene México en la materia, que se agravaron con la pandemia del Covid 19, como el rezago educativo, la deserción escolar, el mantenimiento, mejoramiento de infraestructura, la capacitación docente y la adecuada aplicación de los contenidos educativos.
El organismo solicitó al máximo tribunal del país considerar el interés superlativo, que consiste en evaluar la gravedad del caso con relación a la posible afectación de valores sociales, políticos, de convivencia, bienestar o estabilidad del Estado mexicano, especialmente en el ámbito de la educación.
Así como la trascendencia del caso: reconocer la importancia excepcional o novedosa que podría tener la fijación de un criterio jurídico para casos futuros, así como la complejidad sistémica de la situación.
En el posicionamiento, Israel Sánchez, presidente nacional de la UNPF, señaló que “con esta petición a la Corte, reiteró la postura a favor de que haya libros de texto, pero conforme a la ley y con la calidad necesaria para garantizar la educación a los niños”.
