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Señor director:
Ante los señalamientos publicados en la columna de opinión “Sedatu: desarrollo en corrupción e inoperancia” de Maite Azuela, difundida en EL UNIVERSAL el 27 de agosto, me permito responder con claridad y contundencia lo siguiente con fundamento el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en su ley Reglamentaria en materia de Derecho de Réplica, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano ejerce su derecho:
Es falso que en esta Secretaría operen mecanismos de cobro por realizar trámites. Por el contrario, son gratuitos. El principio de cero tolerancia a la corrupción y cero impunidad se promueve y aplica en el actuar de las personas servidoras públicas.
Por otro lado, los procedimientos de contratación de obra pública realizados por esta Secretaría, incluidos los correspondientes al Centro Nacional de Atención Agraria, han cumplido plenamente con lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y demás normativa aplicable. En cuanto a su operación, la atención al público se brinda de 9:00 a 14:00 horas, horario en el que también se permite el acceso a las áreas públicas del edificio. Actualmente, se trabaja para habilitar más espacios para la ciudadanía.
Finalmente, la Sedatu no busca reflectores: sus resultados en territorio son su mejor carta de presentación. Desde ahí atendemos las necesidades urbanas, territoriales y agrarias, y contribuimos, mediante la coordinación interinstitucional, a hacer posibles los proyectos del Gobierno de México en beneficio de las familias más vulnerables. Estos resultados se detallarán en el Informe de Labores de la Secretaría, que estará disponible para consulta pública a partir del 1 de septiembre.
En la Sedatu, el compromiso es claro: servir con honestidad, rendir cuentas y mejorar la vida de las personas. La crítica y el escrutinio público son indispensables, pero exigen contrastar los señalamientos con datos y documentos. Ante cualquier acusación e irregularidad, invitamos a la ciudadanía a denunciar por los canales institucionales, para que se investigue y, de acreditarse responsabilidades, se apliquen las sanciones correspondientes, sin excepciones.
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Atentamente.
Edna Elena Vega Rangel Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
Respuesta de la columnista:
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Se agradece la réplica, pero no aporta un solo dato que desmienta lo señalado, solo generalidades de manual. La legalidad formal de un trámite no vuelve aceptable el patrón del procedimiento, ya que la corrupción no distingue entre dolo e incompetencia cuando el resultado es el mismo: abandono a la ciudadanía y recursos mal empleados. Las denuncias, por cierto, siguen ahí, sin atender.
Maite Azuela
COMPROMISO CON LA PRECISIÓNprecision@eluniversal.com.mxEL UNIVERSAL da la bienvenida a sus observaciones sobre errores o imprecisiones.
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