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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación para garantizar el acceso a una gestión e higiene menstrual digna de las mujeres y personas menstruantes privadas de la libertad.
Fue dirigida a los gobernadores, a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, al comisionado de Prevención y Readaptación Social, así como al secretario de la Defensa, luego de acreditar violaciones al derecho humano a la protección de la salud en transversalidad con las garantías la salud sexual y reproductiva.
Durante diversas visitas del personal de Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) a los centros penitenciarios que albergan mujeres, se constató que hay restricción y dificultad para el acceso a toallas femeninas y en la mayoría no se garantiza el acceso y el abasto suficiente, aunado a que las autoridades reconocen que no existe una partida presupuestal para adquirir este tipo de producto.
Por ello, el 10 de noviembre de 2020, la CNDH inició de oficio la investigación y ejerció la facultad de atracción al estar involucradas autoridades de carácter local. Se solicitó información a las autoridades penitenciarias de las 32 entidades, a Prevención y Readaptación Social y a la Secretaría de la Defensa.
De las constancias recabadas se confirmó que en la mayoría de los estados no se cuenta con una partida presupuestal para la adquisición de elementos de gestión menstrual que permitiera proporcionarlos de manera gratuita y suficiente a las mujeres y personas menstruantes privadas de la libertad.
La CNDH afirmó que el Estado, en su calidad de garante, debe salvaguardar el derecho a la protección de la salud y seguridad sanitaria de la población penitenciaria femenina.
