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Después de que Morena gastó sus remanentes de los últimos cuatro años por un monto de 155.8 millones de pesos, amparado en el Plan B de la Reforma Electoral, la Sala Superior del Tribunal Electoral determinó que todos los partidos políticos están obligados a devolver los excedentes de su financiamiento público y privado, de conformidad a la ley vigente.
Durante los 20 días que tuvo vigencia la segunda parte del Plan B, se estableció que los partidos políticos podrían utilizar los remanentes para cumplir con sus objetivos constitucionales en ejercicios fiscales posteriores, así como para la siguiente elección federal o local.
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Debido a la reforma, Morena le solicitó a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE) que, en lo que respecta a la devolución de los remanentes, se ajustará a los límites y lineamientos establecidos por la reforma.
Además, informó que, de acuerdo con la reforma, sus Comités Ejecutivos Estatales y el Comité Ejecutivo Nacional utilizarían los remanentes de los ejercicios 2018 a 2021, para el ejercicio fiscal 2023 y posteriores.
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Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación suspendió inicialmente la aplicación de la reforma y luego declaró su invalidez, por lo que el INE pidió a Morena devolver los 155 millones de pesos que tenía en sus remanentes.
La Sala Superior del TEPJF confirmó la decisión del INE debido a que, ante la declaración de invalidez de la reforma por parte de la Suprema Corte, la modificación relacionada con la devolución de los remanentes había perdido validez.
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