Más Información
Al solicitar un incremento presupuestal de 4% para el Poder Judicial de la Federación (PJF), la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, acusó una asfixia a dicho poder a través del recorte de recursos.
Adelantó que para garantizar que en el proceso electoral 2023-2024 la transmisión del poder en México se dé pacíficamente y con estabilidad democrática se requieren los recursos suficientes que implica la renovación de más de 20 mil puestos de elección popular. Para 2024, se solicitaron 80 mil 646 millones 270 mil 771 pesos, 4% más que este año, en el que se otorgaron 77 mil 544 millones 491 mil 126 pesos.
Ante 21 funcionarios del PJF, en representación de los más de 55 mil servidores públicos que integran la Judicatura en el país, la ministra dijo que las funciones que habrán de desempeñar el próximo año son de particular relevancia para la vida democrática y la justicia social.
“Ello exige una asignación presupuestal suficiente para cubrir el potencial incremento de asuntos que habrá de resolver el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), sólo así se puede garantizar que la transmisión de poder en México se dé pacíficamente y con estabilidad democrática”, enfatizó.
Como única oradora en el pleno de la SCJN, Piña Hernández resaltó que el debilitamiento de las atribuciones esenciales de uno de los tres poderes del Estado ante una insuficiencia presupuestal, no implica una política de austeridad, sino que lleva al rompimiento del Estado de derecho. En la sesión solemne conjunta de los plenos del Alto Tribunal, del Consejo de la Judicatura Federal y del TEPJF, subrayó que proteger el acceso a la justicia de los mexicanos no sólo le corresponde al Poder Judicial de la Federación.
Sobre el Poder Legislativo expuso que debe asignar los recursos suficientes, respetando así, en el ejercicio de sus atribuciones, las garantías constitucionales que rigen la protección de los derechos.
En su discurso, la ministra presidenta de la Corte destacó que la asignación presupuestal requerida para la impartición de justicia federal en 2024 representa en promedio 1.8 pesos diarios por mexicano.
“El acceso real y efectivo de los mexicanos a la justicia no debe ser negociable. Esto no lo digo yo, se desprende de los controles y de los límites que establece nuestra Norma Fundamental para que este derecho no se reduzca a una simple declaración de buenas intenciones”, remarcó.
Reiteró el compromiso con México no sólo de someter todas sus actuaciones al marco legal y constitucional, sino de hacer valer la fuerza vinculante de la Constitución para no dar ni un paso atrás en la tutela de la dignidad de las personas.
Insistió en que en 2024 deberán atender el incremento continuo en la demanda de justicia federal que se registra en los últimos cinco años y si la tendencia en 2023 se mantiene, el próximo año la Judicatura federal tendrá que resolver 1.3 millones de casos nuevos.
Norma Piña consideró que para 2024 se requerirá la creación de 45 órganos jurisdiccionales más.
“Lo anterior se explica, parcialmente, por la implementación del nuevo modelo de justicia laboral. Este modelo deriva de las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión en el marco de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado mexicano en la suscripción del T-MEC”, abundó.
La ministra presidenta aseveró que en 2024 el CJF tendrá que garantizar la implementación gradual del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares aprobado a mediados de este año por el Poder Legislativo.
Explicó que la impartición de justicia civil y familiar, de conformidad con los estándares legales y constitucionales recientemente establecidos, es uno de los mayores retos que enfrenta, no sólo la justicia federal, también la local.
