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El magistrado José Manuel Torres Ángel manifestó que otorgar suspensiones es una obligación de los impartidores de justicia, quienes se rigen bajo el principio de legalidad, esto luego que la Fiscalía General de la República (FGR) inició una investigación a jueces y magistrados por otorgar suspensiones contra la reforma judicial.
“En sí mismo conceder las suspensiones no es un delito por el que tenga que aperturarse una carpeta de investigación, de instruir una causa penal a este tipo de servidores públicos.
“De hecho es una obligación de los jueces pronunciarse, ya sea porque se lo soliciten o porque en muchos de los distintos casos les resulta obligatorio pronunciarse de manera oficiosa, es decir, sin que se les solicite la suspensión”, expresó en conferencia de prensa.
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Por su parte, la magistrada Edna Hernández Granados señaló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) está tratando de dar una solución jurídica para evitar una crisis constitucional, ya que este martes los ministros resuelven las acciones de inconstitucionalidad promovidas contra la reforma judicial.
Agregó que la Corte va a resolver si lo que están alegando en esas acciones de inconstitucionalidad es constitucional o no, están en su derecho de hacerlo por esas cuestiones a través de que los partidos políticos minoritarios lo han impugnado.
“Esto es el cuestionamiento, quién quiebra, quién rompe el orden constitucional, no es la ministra presidenta, ni los ministros que resuelvan, porque están competentemente en la función de realizarlo”, detalló.
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En su intervención, la magistrada María del Carmen García González señaló que la elección de personas juzgadoras en 2025 tendrá un costo de 13 mil 205 millones 143 mil 620 pesos, y advirtió que será mucho más cara, incluso que la última renovación de la Presidencia de la República y del Congreso de la Unión.
Indicó que el presupuesto destinado a la elección de personas juzgadoras, en realidad serviría para cubrir los presupuestos de muchos institutos de educación y salud pública.
uul/apr
