Amnistía Internacional México, Fundación para la Justicia y el Grupo Argentino de Antropología Forense denunciaron que en México utilizaron el sistema de justicia penal para investigar y espiar a defensoras de derechos humanos.
“La SEIDO de la entonces PGR, hoy FEMDO de la FGR, realizó en 2016 una investigación judicial indebida y efectuó espionaje ilegal en contra de tres defensoras”, reiteraron las organizaciones.
Las defensoras de derechos humanos que fueron espiadas son: la abogada Ana Lorena Delgadillo Pérez, la periodista Marcela Turati Muñoz y la antropóloga forense Mercedes Doretti, quienes fueron sujetas a una investigación indebida por parte del Estado mexicano, por presuntos delitos de delincuencia organizada y secuestro.
Además, a la fecha, ningún funcionario ha sido procesado o castigado por el espionaje, las organizaciones de la sociedad civil aseguraron que el acoso contra las defensoras de derechos humanos contó con la autorización de altos niveles jerárquicos de la entonces PGR.
“En México se ha instaurado la práctica de usar el sistema penal de manera arbitraria contra personas que denuncian violaciones a derechos humanos, que las investigan y que acompañan a las víctimas de esas violaciones en su búsqueda de justicia, verdad y reparación integral del daño”, advierte Amnistía Internacional México en su último informe denominado perseguidas: criminalización de mujeres defensoras de derechos humanos.
Recalcaron que la intervención de las autoridades se dio sin que contaran con evidencias suficientes que mostraran la relación de las tres personas defensoras con alguno de los delitos referidos. La investigación y el espionaje ocurrieron cuando las tres defensoras trabajaban, desde sus distintas disciplinas, para esclarecer las masacres de personas de diversas nacionalidades halladas en agosto de 2010 y abril de 2011 en San Fernando, Tamaulipas.
Aunque la investigación y el espionaje se realizó en el 2016, a la fecha se desconoce si continúan, esta incertidumbre, la mantienen desde hace ocho años, ya que ha puesto a las tres defensoras de derechos humanos en una situación de indefensión, pues existe la amenaza constante de que continúe el uso indebido del sistema de justicia y sean investigadas sin que se garanticen las normas básicas del debido proceso.
"Desde Amnistía Internacional hemos advertido con alarma y en diversas ocasiones, que en México vivimos una grave crisis de derechos humanos. En este contexto, el caso de Ana Lorena, Marcela y Mercedes es emblemático por la forma en que el Estado mexicano usa el sistema penal de manera arbitraria para perseguir a las personas defensoras, amedrentarlas y criminalizarlas", declaró Edith Olivares Ferrete, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México.
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