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Los partidos de oposición en el Senado (PAN, PRI, PRD y MC), así como Emilio Álvarez Icaza presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dos acciones de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Los recursos se impugnaron ayer ante la SCJN, uno de ellos es en contra de la figuras de los comisionados presidenciales y, el segundo, por los superdelegados. El documento lleva consigo las firmas de los coordinadores parlamentarios Miguel Ángel Osorio Chong (PRI), Rafael Moreno Valle (PAN), Dante Delgado (MC), Miguel Ángel Mancera (PRD), y del senador independiente Álvarez Icaza, así como de los integrantes de sus respectivas bancadas.
En un comunicado, Moreno Valle señaló que las dos acciones de inconstitucionalidad son para salvaguardar los principios federalistas y de equilibrio entre los poderes de la Unión. Además de que buscan que se respete en su “más amplio” sentido tanto el pacto federal como la división de poderes, consagrados en la Constitución.
El panista detalló que la acción contra las comisiones presidenciales fue firmada por 52 senadores por “violar” los principios de seguridad jurídica y de legalidad, al no contar con parámetros ni atribuciones concretas de funcionamiento y situarse por encima de la Constitución.
En el caso de la segunda acción, dijo que cuenta con 45 firmas y que la medida “ataca” la figura de los superdelegados, los cuales “rompen” con el sistema político federal, contraviniendo los principios generales de la administración pública.
Mancera Espinosa afirmó que sí les ve futuro a las acciones de inconstitucionalidad, un ejemplo de ello, recordó, es que llegó al Senado una minuta para corregir la Ley Federal de Remuneraciones para los Servidores Públicos.
El priísta Miguel Ángel Osorio Chong aseguró que ese recurso busca evitar que se transgredan los principios constitucionales de la administración pública centralizada, al otorgarle a los llamados superdelegados funciones de coordinación de las oficinas de representación en los estados de la República y la asignación de facultades de supervisión sobre todos los funcionarios y programas a cargo de las dependencias y entidades.
El instrumento jurídico utilizado por 45 legisladores del PRI y de otras fuerzas políticas representadas en la Cámara de Senadores establece que la figura de superdelegados viola el principio de federalismo, ya que se crea una intermediación entre la Federación y las entidades federativas, así como entre los municipios y los gobiernos locales.
“Esta acción es violatoria de los principios de la administración pública centralizada, ya que se concentran las designaciones que correspondían a cada secretaría de Estado para transferirlas a entes específicos, violando los principios de la administración centralizada, de racionalización del poder público y designación autónoma de cada secretario”, resaltó el grupo parlamentario del Revolucionario Institucional.
