Más Información
Más de 90% de los poderes judiciales del país no publica sus sentencias, a pesar de que están obligados a hacerlo por ley. De acuerdo con el Ranking de Opacidad Judicial, realizado por Equis, Justicia para las Mujeres, 96% de los tribunales locales del país considera que las sentencias que emiten no son de interés público y por ello no las difunden.
La organización social solicitó vía transparencia las estadísticas de las sentencias que publicaron los poderes judiciales del país hasta mayo pasado y resultó que Baja California, Baja California Sur y Zacatecas no publicaron ninguna.
Mientras que Aguascalientes, Jalisco, Coahuila, San Luis Potosí, la Ciudad de México, el Estado de México y Tabasco no tienen información sobre la publicación de sus sentencias o respondieron cualquier otra cosa.
Colima, Guerrero, Morelos, Querétaro y Puebla simplemente no respondieron a las solicitudes de información.
De acuerdo con la Ley General de Transparencia, las sentencias judiciales deben ser publicadas siempre y cuando sean resoluciones de interés público.
Laurence Pantin, coordinadora de Transparencia en la Justicia y Proyectos Especiales de la organización México Evalúa, explicó que debido a que la norma no establece qué se entiende por interés público, cada Poder Judicial le ha dado una interpretación distinta a este concepto y esto ha llevado a que muy pocos estados publiquen sus sentencias, y únicamente Durango transparente todas sus resoluciones.
“El problema deriva de la propia Ley de Transparencia, que al dejar esta ambigüedad de las sentencias de interés público ha generado que en los últimos años 17 poderes judiciales no hayan publicado ninguna de sus sentencias, argumentando que ninguna es de interés público”, precisó en entrevista con EL UNIVERSAL.
“En el colectivo [#LoJustoEsQueSepas] creemos que todas las sentencias son de interés público, porque las resoluciones de jueces y magistrados son el resultado último de su trabajo, entonces si queremos analizar o evaluar la calidad de su trabajo es analizando sus sentencias; si queremos saber si aplican correctamente los criterios jurídicos, si demuestran o no prejuicios o si tuvieran algunos elementos de discriminación hacia ciertos grupos; la única manera que tenemos es analizando las sentencias, y si no son públicas no se puede hacer”.
El ranking establece que Campeche, Chiapas, Chihuahua, Yucatán, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Sonora, Tlaxcala, Veracruz y Tamaulipas sólo publican algunas de las sentencias.
Como resultado de esto, el colectivo #LoJustoEsQueSepas, que agrupa a diversas organizaciones, impulsó una reforma a la Ley General de Transparencia para que todas las sentencias de todos los poderes locales y federal sean públicas.
El dictamen ya fue aprobado por el Senado de la República, por lo que falta que la Cámara de Diputados lo avale para que la reforma sea una realidad.
“Digamos que estamos a la mitad del camino (…) sabemos que cuando se presentó esta iniciativa en el Senado, unos días antes se había presentado la misma iniciativa en la Cámara de Diputados y estaba apoyada por diputados de casi todos los grupos parlamentarios, entonces confiamos en que, como pasó en el Senado, la iniciativa reciba el apoyo de un amplio sector en la Cámara de Diputados”, indicó Pantin.
Adelantó que de aprobarse el dictamen en Diputados, el colectivo prevé ofrecer ayuda a los poderes judiciales a adaptar sus plataformas para lograr el objetivo de subir todas sus sentencias a internet, sin tener mayores complicaciones para el personal encargado de hacerlo y de modo que el ciudadano acceda fácilmente a la información.
“De aprobarse la reforma, todos los poderes judiciales tendrían que modificar sus leyes orgánicas para armonizarlas a la ley general, pero sabemos que incluso hay algunos estados que ya sólo están esperando a que se apruebe la reforma para implementar sus propios cambios”, agregó.
De Zacatecas a la SCJN
La iniciativa de reforma a la Ley General de Transparencia para que todos los poderes judiciales publiquen sus sentencias no sólo inició con el estudio de Equis Justicia.
Ante la existencia de estados como Zacatecas, que no publican ninguna de sus sentencias porque consideran que no son de interés público, el colectivo #LoJustoEsQueSepas demandó a todos los jueces de dicha entidad porque llevaban dos años sin transparentar sus resoluciones y ahora el asunto está en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“Empezamos con el litigio porque nos pareció una buena manera de visibilizar el problema de que algunos poderes judiciales no publican ninguna sentencia y es interesante, porque las respuestas que hicieron algunos de los jueces a la demanda es que ellos no han tenido ninguna sentencia de interés público”, comentó Laurence Pantin.
“Esto llama la atención porque implica que ellos piensan que hacen un trabajo menor y a nosotros nos parece que los jueces hacen un trabajo importante y con demasiada responsabilidad”.
Luis Fernando Villanueva y Selma Maxinez, abogados que encabezaron el litigio, explicaron a EL UNIVERSAL que el asunto inició con una demanda de amparo ante el juez Primero de Distrito del estado de Zacatecas.
“Después de documentar que desde 2015 los poderes judiciales no publicaban sus sentencias, nos metimos a ver cuáles eran los más opacos o los que decían que ninguna era de interés público y el peor ejemplo, o uno de los peores, era Zacatecas”, explicó Villanueva.
El juez negó el amparo al colectivo al considerar que no aportó pruebas de que los jueces de Zacatecas hubieran emitido alguna sentencia de interés público, aunque no se pronunció sobre si los jueces del estado presentaron pruebas de por qué sus sentencias no tienen este carácter para justificar que no se publiquen.
Por ello, tramitaron un recurso de revisión en el Primer Tribunal Colegiado de Zacatecas, al que solicitaron enviar el asunto a la SCJN.
“Queremos que la Corte le dé interpretación constitucional al derecho de acceso a la información y máxima publicidad, y al concepto de interés público en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la de Zacatecas”, comentó Maxinez.
El expediente ya llegó a la Corte, donde alguno de los ministros de la Primera Sala podrá hacer suya la petición de los quejosos o de lo contrario será devuelto al Tribunal Colegiado para que dicte resolución definitiva sobre la obligación de Zacatecas de publicar sus sentencias.
